Ecuador: Corte Constitucional frena poderes excepcionales del presidente Noboa en medio de tensiones políticas

17 de agosto de 2025

La Corte Constitucional de Ecuador rechazó la solicitud del Gobierno del presidente Daniel Noboa para levantar la suspensión de cuatro artículos de la Ley de Solidaridad Nacional, una decisión que ha intensificado la confrontación entre el Ejecutivo y el máximo tribunal del país. El artículo más controvertido, el número 6, otorgaba al presidente la capacidad de declarar un “conflicto armado interno” mediante decreto, estableciendo un régimen especial que difiere del estado de excepción.

¿Qué implica el artículo 6?

Este artículo permitía al presidente Noboa clasificar la pertenencia a grupos delictivos como un delito en sí mismo y otorgar indultos anticipados a policías y militares, incluso sin una sentencia judicial. Según la Corte, esta norma representaba un riesgo significativo para los derechos fundamentales, ya que su implementación dependía exclusivamente de la voluntad presidencial, sin suficientes salvaguardas legales.

El Ejecutivo defendió la norma argumentando que su suspensión debilita la seguridad jurídica y la presunción de constitucionalidad de las leyes. Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia, afirmó que los demandantes tergiversaron el propósito del artículo y criticó a la Corte por aplicar criterios “sin claridad ni límites”. Sin embargo, el tribunal enfatizó que su decisión no responde a interpretaciones políticas, sino a la necesidad de proteger derechos fundamentales frente al peligro de intervenciones militares desproporcionadas.

Escalada de tensiones políticas

La resolución de la Corte ha desatado una fuerte reacción del Gobierno y sus aliados. Tras la suspensión de 17 artículos de tres leyes impulsadas por Noboa, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, acusó a la Corte Constitucional de ser “enemiga de la ciudadanía”. En Quito, se organizó una marcha en la que se exhibieron carteles con los rostros de los jueces constitucionales, acompañados del mensaje: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.

El enfrentamiento no termina ahí. El Ejecutivo ha propuesto, como parte de una consulta popular, que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser sometidos a juicio político en la Asamblea Nacional. Esta medida, de aprobarse, podría alterar significativamente el equilibrio de poderes en Ecuador, al otorgar al Legislativo mayor control sobre el máximo tribunal de control constitucional.

Un debate sobre el equilibrio de poderes

La disputa refleja un choque entre la agenda de seguridad del Gobierno, que busca herramientas legales para combatir el crimen organizado, y las garantías constitucionales que protegen los derechos fundamentales. Para analistas, la propuesta de declarar un “conflicto armado interno” plantea interrogantes sobre la militarización de la seguridad pública y el riesgo de abusos de poder.

La Corte Constitucional, en su fallo, subrayó que su rol es garantizar que las leyes no vulneren los principios democráticos, incluso en contextos de crisis. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que estas restricciones limitan su capacidad para responder a la delincuencia, en un país donde la violencia relacionada con el crimen organizado ha aumentado en los últimos años.

¿Qué sigue?

Con la consulta popular en el horizonte, la relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional parece encaminarse hacia una confrontación aún mayor. La propuesta de someter a los jueces a juicio político ha generado preocupación entre sectores que temen una erosión de la independencia judicial. Por su parte, el Gobierno sostiene que estas reformas son necesarias para alinear el sistema judicial con las necesidades de la ciudadanía.

Mientras tanto, la sociedad ecuatoriana observa con atención un debate que no solo definirá el rumbo de la seguridad pública, sino también el futuro del equilibrio de poderes en el país.