El empresario, prófugo desde 2020 y vinculado a casos de corrupción, anuncia a través de un video que ha pedido a la Fiscalía de Nueva York el traslado de la investigación, invocando tratados internacionales. La Fiscalía ecuatoriana, que hoy aplazó la formulación de cargos contra él y otros tres implicados, no ha respondido a estas alegaciones.
Miami, 26 de agosto de 2025 – El empresario ecuatoriano Xavier Jordán, radicado en Estados Unidos y procesado en su país por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis, ha elevado una solicitud formal a la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York (EDNY) para que asuma la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. En un comunicado difundido este domingo a través de su cuenta en la red social X, Jordán, acompañado de su abogado Richard Díaz, asegura que se trata del "mayor montaje de persecución judicial de la historia del Ecuador" y pide el traslado del expediente, la comparecencia de fiscales ecuatorianos y la extradición de uno de los imputados, Daniel Salcedo.
La petición, presentada en el marco de la cooperación judicial internacional, incluye varios puntos clave. En primer lugar, Jordán solicita que la fiscal ecuatoriana Ana Hidalgo y otros funcionarios involucrados en la investigación rindan testimonio bajo juramento en territorio estadounidense, garantizando así un proceso independiente y con plenas garantías del debido proceso. "Esto garantizará que el testimonio sea recibido en una jurisdicción independiente", afirma en el video de más de diez minutos, grabado en las oficinas de Díaz en Coral Gables, Miami. Díaz, un exagente de la Policía Metropolitana de Miami-Dade con experiencia en crímenes organizados, enfatiza que Villavicencio actuaba como informante confidencial para el Departamento de Justicia de EE UU, lo que justificaría la jurisdicción estadounidense. "La única razón por la que existe una investigación norteamericana es porque Villavicencio fue un agente encubierto o informante confidencial del Departamento de Justicia, radicado en ese distrito", explica el letrado, sin aportar pruebas documentales en la grabación.
En segundo término, invocando el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal (MLAT) entre EE UU y Ecuador, así como convenciones de la ONU contra la corrupción (UNCAC) y la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo), Jordán pide el traslado completo de la investigación a jurisdicción estadounidense. Argumenta que gran parte de los hechos, comunicaciones y nexos supuestamente relacionados con el crimen tienen vínculos con territorio norteamericano, incluyendo operaciones financieras y transferencias internacionales. "Se exigirá que todo el expediente, incluidas las supuestas pruebas recabadas en Ecuador, sea remitido íntegramente a EE UU, para ser revisado bajo estándares de legalidad y autenticidad", detalla el comunicado, que incluye referencias a códigos penales estadounidenses como el 18 U.S.C. § 371 (conspiración para defraudar a EE UU), § 1503 (obstrucción de justicia) y § 1512 (manipulación de testigos).
Además, la solicitud exige la comparecencia de Hidalgo para que sustente bajo juramento los actos procesales realizados en Ecuador, bajo apercibimiento de responsabilidad internacional por presunta manipulación de pruebas. Jordán también pide la extradición de Daniel Salcedo, actualmente detenido en Ecuador y condenado por corrupción en otros casos, argumentando conexiones con delitos en EE UU como el uso del sistema bancario para operaciones ilícitas. "Vamos a demostrar el mayor montaje de persecución judicial", concluye Jordán en el video, donde Díaz menciona que han sometido al empresario a un detector de mentiras y recopilado evidencias forenses que, según ellos, desvirtúan las acusaciones ecuatorianas.
Esta iniciativa surge en un momento crítico para el proceso en Ecuador. Precisamente este lunes, la jueza Daniela Ayala suspendió la audiencia de formulación de cargos contra Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga, el exministro José Serrano y Salcedo, como presuntos autores intelectuales del magnicidio. La diligencia, prevista para las 08:40, se aplazó hasta el 3 de septiembre debido a la ausencia del abogado de Aleaga, quien presentó un certificado médico por una intervención dental de urgencia. La magistrada calificó el hecho como una "maniobra dilatoria desleal" y multó al defensor con dos salarios básicos unificados (920 dólares). La Fiscalía ecuatoriana, que basa sus acusaciones en testimonios de testigos protegidos y análisis de comunicaciones extraídas de dispositivos del narcotraficante Leandro Norero (asesinado en prisión en 2022), no ha emitido respuesta oficial a la solicitud de Jordán. Fuentes judiciales consultadas por medios locales indican que la investigación en Ecuador avanza con elementos como chats que vincularían a Jordán con Norero, aunque el empresario niega cualquier relación y asegura que se trata de un "montaje" orquestado por la exfiscal Diana Salazar, quien renunció en mayo alegando amenazas.
Jordán, quien huyó a EE UU en 2020 y ha solicitado asilo político –con una cita programada para 2027–, ha utilizado sus redes sociales para denunciar sistemáticamente lo que califica como una persecución política. En publicaciones previas, ha presentado supuestas pruebas periciadas en EE UU que desmienten su vinculación con aplicaciones de mensajería usadas en los chats incriminatorios. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación pública por parte de la EDNY o el Departamento de Justicia estadounidense sobre la recepción o tramitación de esta solicitud. Expertos en derecho internacional consultados por este diario señalan que, aunque el MLAT permite cooperación en casos transfronterizos, el traslado completo de una investigación soberana como esta requeriría evidencia contundente de nexos con EE UU y un acuerdo bilateral, algo no verificado por ahora.
El asesinato de Villavicencio, un periodista y activista anticorrupción que denunciaba vínculos entre políticos y el narcotráfico, sacudió Ecuador en plena campaña electoral y ha sido catalogado como un atentado contra la democracia. Dos años después, el caso sigue polarizando al país, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno de Daniel Noboa –que ha priorizado la lucha contra el crimen organizado– y figuras opositoras. Organizaciones como Human Rights Watch han alertado sobre posibles abusos en el uso de la justicia para fines políticos en Ecuador, un contexto que Jordán invoca para justificar su petición. Mientras tanto, la familia de Villavicencio y su entorno, como el periodista Christian Zurita, exigen celeridad en el proceso local, sin pronunciarse aún sobre esta maniobra transatlántica.
Si prospera, la solicitud de Jordán podría tener implicaciones diplomáticas entre Quito y Washington, especialmente en un momento en que EE UU ha elogiado la cooperación ecuatoriana en la lucha antinarcóticos. Por ahora, el anuncio parece una estrategia defensiva ante la inminente formulación de cargos en Ecuador, donde Jordán enfrenta no solo este caso, sino también imputaciones por lavado de activos y otros delitos. "No me callarán, seguiremos denunciando", concluye el empresario en su comunicado, un eco de las tensiones que persisten en la justicia ecuatoriana.
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