La formulación de cargos contra los presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial se pospone hasta el 3 de septiembre, en medio de críticas a la Fiscalía y a la prensa por adelantar juicios. El empresario Xavier Jordán, desde EE UU, acusa a las instituciones de "armar casos" mientras los periodistas sentencian.
Quito, 26 de agosto de 2025 – La audiencia de formulación de cargos en el caso conocido como #MagnicidioFV, que investiga el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en agosto de 2023, fue aplazada este martes hasta el próximo 3 de septiembre. La decisión, tomada por la jueza Daniela Ayala, se debió a la ausencia del abogado de uno de los imputados, Ronny Aleaga, quien presentó un certificado médico por una intervención dental de urgencia. La magistrada calificó el acto como "desleal" y una clara maniobra dilatoria, multando al defensor con dos salarios básicos unificados (equivalentes a unos 920 dólares) por considerar que se desperdiciaron recursos judiciales.
El proceso involucra a cuatro figuras clave como presuntos autores intelectuales del crimen: el empresario Xavier Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga, el exministro José Serrano y Daniel Salcedo, este último ya condenado por corrupción en otros casos. La Fiscalía General del Estado, que lidera la investigación, buscaba exponer en esta diligencia los elementos que vinculan a los acusados con el asesinato, perpetrado por sicarios en plena campaña electoral. Sin embargo, la postergación ha avivado las tensiones, con defensores alegando una ausencia total de pruebas sólidas y cuestionando el rol de los medios en la difusión de narrativas prematuras.
Juan Carlos Salazar, abogado de Xavier Jordán –quien reside en Estados Unidos desde 2020 y ha solicitado asilo político–, fue enfático al desmentir cualquier base probatoria contra su cliente. En declaraciones a la prensa tras la suspensión de la audiencia, Salazar afirmó que, de una revisión preliminar del expediente, la Fiscalía solo cuenta con "la afirmación de dos ciudadanos que se encuentran privados de la libertad, uno de ellos con un centenar de sentencias", lo que no constituiría evidencia suficiente para imputar una autoría mediata en un crimen de esta magnitud. "Es difícil y yo considero que la apreciación que usted refiere es errada. ¿Por qué razón? Porque Fiscalía no puede en este momento decir que tiene varios elementos porque todavía no pasamos de audiencia. Luego podemos saber si tiene varios elementos", respondió el letrado a un periodista que insinuaba la existencia de pruebas contundentes por parte de la Fiscalía.
Esta réplica pone de relieve el sesgo mediático denunciado por la defensa: antes incluso de que se celebre la audiencia, algunos reporteros han dado por sentada la solidez de los argumentos fiscales, contribuyendo a una percepción pública de culpabilidad sin que se haya iniciado formalmente el debate judicial. Salazar agregó detalles sobre la situación migratoria de Jordán, quien tiene una cita programada ante autoridades estadounidenses en 2027 para resolver su solicitud de asilo. "Javier está con un proceso de asilo, tiene una cita ante las autoridades norteamericanas en los siguientes años ya agendada. De tal manera que él estaba como la situación segura dentro del estado", explicó, subrayando que cualquier intento de extradición podría complicarse hasta esa fecha.
Por su parte, Carlos Manosalvas, defensor de José Serrano –detenido recientemente en EE UU y en proceso de extradición–, coincidió en la falta de fundamentos. "No hay pruebas que permitan la formulación de cargos y espera que no sea una 'crónica de un juicio anunciado'", declaró, aludiendo a posibles presiones políticas en un caso que ha sacudido la esfera pública ecuatoriana desde el asesinato de Villavicencio, un periodista y activista anticorrupción que denunciaba vínculos entre políticos y el narcotráfico.
Xavier Jordán, desde su cuenta en la red social X, reaccionó con dureza a las informaciones difundidas. Citando las declaraciones de su abogado, escribió: "Lo que he dicho en mis videos !! La fiscalía arma el caso y la prensa sentencia. Póngale cero…". Esta afirmación resume la narrativa que Jordán ha sostenido en intervenciones previas, donde acusa a la exfiscal Diana Salazar –quien renunció en mayo pasado alegando amenazas– de orquestar montajes judiciales para perseguir a opositores. Jordán, procesado también en el caso Metástasis por presunta delincuencia organizada, ha presentado supuestas pruebas en EE UU para desvirtuar las acusaciones, incluyendo peritajes que niegan su vinculación con aplicaciones de mensajería usadas por narcotraficantes.
El aplazamiento de la audiencia se produce en un contexto de alta polarización en Ecuador, donde el asesinato de Villavicencio ha sido catalogado como un atentado contra la democracia. Las hijas del fallecido, Tamia y Amanda, junto a su amigo Christian Zurita –quien lo sustituyó en la candidatura–, siguieron la diligencia de forma telemática, mientras los abogados de Salcedo y Serrano estuvieron presentes en la sala. La jueza Ayala, visiblemente molesta, enfatizó que la maniobra del defensor de Aleaga no solo dilata el proceso, sino que erosiona la confianza en el sistema judicial.
Observadores internacionales, como Amnistía Internacional, han alertado sobre el uso político de la justicia en Ecuador, un país azotado por la violencia narco y la inestabilidad institucional bajo el Gobierno de Daniel Noboa. Mientras la Fiscalía insiste en la solidez de su investigación –que incluye testimonios de testigos protegidos y análisis de comunicaciones–, los defensores exigen transparencia y rechazan lo que perciben como un "juicio mediático". La audiencia del 3 de septiembre será clave para esclarecer si las acusaciones prosperan o si, como alegan los implicados, se trata de un expediente vacío motivado por venganzas políticas.
Este episodio ilustra las fragilidades del sistema judicial ecuatoriano, donde la intersección entre poder, medios y justicia genera desconfianza. Jordán, desde el exilio, promete más revelaciones, mientras la sociedad espera respuestas concretas sobre uno de los crímenes más impactantes de la reciente historia del país.
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