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Denuncia en Ecuador: Xavier Jordán acusa a la exfiscal Diana Salazar de filtrar información sensible y fabricar casos judiciales


El empresario, procesado en el caso Metástasis, presenta chats y peritajes que, según él, han sido remitidos al Senado de EE UU, y cuestiona la independencia de la prensa local. Salazar, que renunció al cargo en mayo, no ha respondido directamente a las alegaciones.

Quito, 26 de agosto de 2025 – En un video difundido en redes sociales, el empresario ecuatoriano Xavier Jordán ha lanzado duras acusaciones contra la exfiscal general del Estado, Diana Salazar, a quien imputa haber filtrado información sensible a Rony Aleaga, un exasambleísta vinculado al correísmo, y de haber montado casos judiciales con "falsos positivos" para perseguir a opositores políticos. Jordán, procesado en el caso Metástasis por presunta delincuencia organizada, asegura que las pruebas –incluyendo chats periciados en Estados Unidos– han sido presentadas ante el Senado estadounidense, y cuestiona por qué Salazar no puede ingresar a territorio norteamericano, atribuyéndolo a investigaciones federales en curso.

Jordán, radicado en Miami desde 2020 tras alegar una persecución sistemática por parte de la Fiscalía ecuatoriana, detalla en su intervención cómo su calvario comenzó con memes y publicaciones en redes sociales que lo vinculaban falsamente a casos de corrupción en hospitales durante la pandemia de COVID-19. "Crecí económicamente a punta de trabajo, pero eso despertó envidias", afirma, negando cualquier contrato o pago irregular. Según su relato, estas difamaciones derivaron en investigaciones basadas en "información recogida en redes sociales", como indica un informe de la Policía Nacional que él mismo adjunta como prueba.

El núcleo de la denuncia radica en una serie de chats entre Salazar y Aleaga, extraídos de dispositivos periciados en Estados Unidos y que, según Jordán, demuestran una relación "íntima" entre ambos. En estos intercambios, fechados entre septiembre y diciembre de 2023, Salazar habría compartido datos confidenciales sobre investigaciones, incluyendo detalles del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Por ejemplo, en un mensaje del 9 de octubre de 2023, Aleaga relata una reunión en la casa del embajador estadounidense donde se discutió la cooperación para extraditar a los sicarios, a lo que Salazar responde con información sobre oficinas del FBI en Miami, Nueva York y Houston. Jordán interpreta esto como una filtración que viola leyes federales estadounidenses, compromete investigaciones sensibles y expone a informantes.

Otro chat del 13 de marzo de 2024 revela, según Jordán, cómo Salazar presiona a Aleaga para que fabrique evidencia contra él: "Jordán es importante", escribe ella, a lo que Aleaga responde ofreciendo "confirmar" detalles falsos. Jordán califica estos mensajes como "irrefutables", ya que Salazar habría accedido a ellos tres meses antes de su apertura oficial en diciembre de 2023. Además, cita un informe de la Policía Federal Suiza, remitido a la Fedepol ecuatoriana, que confirma que él nunca utilizó la aplicación Threema, usada en los chats atribuidos a él en el caso Metástasis. "Es un montaje para satisfacer su odio político", denuncia, vinculando a Salazar con una "mafia mediática" que amplifica estas falsedades sin contrastarlas.

Jordán también acusa a Salazar de proteger a figuras como Leandro Norero, alias El Patrón, a quien la Fiscalía sobreseyó en 2020 pese a hallazgos de drogas, y de fabricar "falsos positivos" similares en otros casos, como el de Mayra Salazar, procesada pero liberada tras colaborar en acusaciones contra él. En un enlace a una carpeta de Google Drive, Jordán promete documentos adicionales, aunque fuentes consultadas indican que el contenido no es públicamente accesible sin credenciales. No obstante, peritajes independientes en EE UU, según él, han validado estos chats y los han remitido al Senado estadounidense para investigar posibles violaciones a tratados de cooperación judicial como el MLAT.

La denuncia se enmarca en un contexto de tensiones judiciales: Jordán demandó a Salazar por difamación en una corte de Florida en enero de 2024, alegando que sus declaraciones en CNN lo vincularon falsamente con narcotráfico. El proceso civil continúa, pese a desinformaciones que sugerían una persecución penal estadounidense contra Salazar, lo cual ha sido desmentido por verificadores independientes. Salazar, primera mujer afroecuatoriana en el cargo, renunció en mayo de 2025 citando inseguridad y presiones, pero fue elogiada por el Gobierno de EE UU por su "destacada labor" contra la corrupción y el narcotráfico, lo que contrasta con las acusaciones de Jordán.

Respecto a por qué Salazar no puede viajar a EE UU, Jordán apunta a "investigaciones federales" derivadas de las filtraciones, mencionando oficinas del FBI que, según los chats, estarían indagando en Ecuador. "Por eso no vino a Washington y fue embajadora en Argentina", afirma, sugiriendo que las autoridades estadounidenses la ven como un riesgo por comprometer información sensible. Sin embargo, no hay confirmación oficial de un veto migratorio; reportes indican que Salazar ha sido vista como aliada en la lucha antinarcóticos, y su renuncia no menciona restricciones. Fuentes diplomáticas consultadas por este diario señalan que, si bien tratados como la Convención de Palermo permiten jurisdicción extraterritorial en casos de corrupción transnacional, no hay evidencia pública de un proceso penal contra ella en EE UU.

Jordán también critica a la prensa ecuatoriana por replicar "relatos" de la Fiscalía sin pruebas, llamándola "cómplice" en una "cortina de humo" para encubrir robos en el sector salud. Cita contratos millonarios adjudicados a allegados de políticos como Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que él ha denunciado públicamente. "La familia se respeta", concluye, prometiendo más revelaciones y acciones legales en EE UU, incluyendo solicitudes de extradición para Salcedo y comparecencias bajo juramento.

Este caso ilustra las fisuras en el sistema judicial ecuatoriano, donde acusaciones de lawfare –uso político de la justicia– son recurrentes en un país azotado por la violencia narco y la corrupción institucional. Mientras Jordán busca resguardo en cortes estadounidenses, Salazar, ahora embajadora en Argentina, mantiene silencio sobre las alegaciones. Expertos consultados advierten que, sin auditorías independientes, estas denuncias podrían erosionar aún más la confianza en las instituciones, en un contexto donde la Fiscalía ha procesado a más de 50 figuras en Metástasis, pero con cuestionamientos sobre su imparcialidad.

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