17 de agosto de 2025
La propuesta del presidente Daniel Noboa de someter a los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador a juicios políticos ha generado una fuerte reacción en el ámbito jurídico, con críticas que señalan un riesgo para la independencia judicial y la instit
ucionalidad democrática del país. Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó la iniciativa como un “grave error” que podría derivar en un “crudo autoritarismo”.
Una amenaza a la democracia
En una entrevista reciente en el programa Contacto Directo de Ecuavisa, Salgado expresó su preocupación por la pregunta incluida en la consulta popular propuesta por Noboa, que busca enmendar la Constitución para permitir que los nueve jueces constitucionales sean sometidos a juicio político por la Asamblea Nacional. “Es un retroceso al siglo XIX, totalmente desfasado. Un juez no puede ser enjuiciado políticamente. Eso es antidemocrático”, afirmó Salgado, visiblemente sorprendido por la propuesta.
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| Foto: Archivo / Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO. Foto: El Universo |
El jurista, quien inicialmente había considerado a Noboa un líder demócrata, señaló que esta iniciativa refleja un enfoque autoritario. “Pensé que Daniel Noboa era un demócrata, pero no, ha sido un autócrata”, lamentó. Según Salgado, someter a los jueces constitucionales a la presión política representaría una “espada de Damocles” sobre sus decisiones, comprometiendo su independencia y la protección de los derechos fundamentales.
Contexto de tensiones políticas
La controversia surge tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente 17 artículos de tres leyes económicas urgentes impulsadas por el Ejecutivo: las leyes de Solidaridad, Integridad Pública e Inteligencia. Entre los artículos suspendidos se encuentra la definición de “conflicto armado interno” y la facultad presidencial para otorgar indultos anticipados a militares y policías, medidas que, según la Corte, podrían vulnerar derechos fundamentales al depender únicamente de la voluntad del presidente.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, acusó a la Corte de ser “enemiga de la ciudadanía”, mientras que en redes sociales se desató una campaña para desacreditar a los jueces, con mensajes que los responsabilizan de la inseguridad en el país. Salgado calificó estas acciones como “lamentables” y señaló que reflejan una falta de respeto hacia el marco constitucional. “No se puede tratar así a una institución que protege la supremacía de la Constitución”, afirmó.
El rol de la Corte Constitucional
Salgado defendió el trabajo de la Corte, subrayando que sus decisiones, aunque complejas, buscan garantizar el cumplimiento de la Constitución y la protección de los derechos humanos. “La Corte hace su trabajo, que es difícil, pero lo hace. Los ciudadanos y las instituciones del Estado deben adaptarse a sus resoluciones”, explicó. Además, aclaró que los jueces no están exentos de responsabilidad, pero esta debe determinarse mediante procesos legales, no políticos, como los establecidos por la Constitución y supervisados por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General.
El expresidente de la Corte también abordó las críticas al contenido de las leyes suspendidas, señalando que carecen de “unidad de materia”, un requisito constitucional para las leyes de carácter urgente. “El aspecto económico está presente, pero no siempre de forma directa, y la unidad de materia no se cumple en estas leyes. Deberían dividirse en dos o tres normativas distintas”, sugirió.
Un llamado a la calma y al respeto institucional
Salgado hizo un llamado al Gobierno de Noboa para reducir la confrontación con la Corte Constitucional y promover un diálogo basado en argumentos legales. “En un ambiente de alto nivel, como el constitucional, se deben aceptar los argumentos jurídicos con calma, no con campañas de desprestigio”, insistió. Advirtió que atribuir la violencia o los problemas del país a las decisiones de la Corte es una estrategia equivocada que fomenta la desinformación.
La propuesta de Noboa, que será sometida a consulta popular, ha generado un intenso debate sobre el equilibrio de poderes en Ecuador. Para Salgado, permitir que los jueces constitucionales sean enjuiciados políticamente pondría en riesgo la independencia del poder judicial, un pilar fundamental de la democracia. “No puede haber un poder que controle lo que hace la Corte Constitucional. Eso es inaceptable”, concluyó.
¿Hacia dónde va el país?
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional refleja las crecientes tensiones en un país que enfrenta desafíos como la inseguridad y la crisis económica. Mientras el Gobierno busca legitimar su agenda a través de la consulta popular, expertos como Salgado advierten que cualquier intento de debilitar la independencia judicial podría tener consecuencias graves para la institucionalidad democrática.
La sociedad ecuatoriana espera ahora el desarrollo de la consulta popular y las decisiones finales de la Corte sobre las leyes suspendidas, en un contexto donde el respeto por el marco constitucional será clave para preservar la estabilidad del país.
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