En el peaje de San Roque, provincia de Imbabura, dos hombres kichwas vieron cómo sus cabelleras –símbolo ancestral de identidad y conexión espiritual con la Pachamama– eran cortadas a tijeretazos por soldados ecuatorianos. El incidente, ocurrido durante un operativo militar en el marco del Paro Nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), no es un hecho aislado, sino el reflejo de una escalada represiva que tiñe de racismo y arbitrariedad la respuesta del Gobierno de Daniel Noboa a las protestas sociales. Organizaciones indígenas y de derechos humanos denuncian no solo una agresión cultural, sino una vulneración sistemática que, amparada en la retórica del "combate al crimen organizado", otorga a policías y militares una patente de corso para actuar con impunidad.
El Paro Nacional, iniciado el 22
de septiembre y que este domingo cumple tres semanas, surgió como respuesta a
las medidas económicas del Ejecutivo, como la eliminación del subsidio al
diésel mediante el Decreto 126 y las "leyes de solidaridad" que,
según la Conaie, agravan la pobreza rural y el despojo territorial. Lo que
comenzó como una movilización pacífica por mejores condiciones de vida –contra
el alza de combustibles, la minería ilegal y la criminalización de la protesta–
ha derivado en un saldo alarmante: al menos 183 vulneraciones a derechos
humanos documentadas hasta el 10 de octubre, incluyendo 85 detenciones
arbitrarias, 92 heridos y una muerte confirmada. Amnistía Internacional ha
alertado sobre un "deterioro en la protección de los derechos
humanos", con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones
extrajudiciales, en un contexto de militarización que recuerda los peores
episodios de la historia ecuatoriana.
El racismo institucionalizado
en las Fuerzas Armadas
El corte de cabello a los dos
kichwas en San Roque, reportado por testimonios locales y difundido en redes
sociales, trasciende lo simbólico: para las comunidades indígenas, el pelo
largo es un vínculo con los ancestros y la resistencia cultural. "Es una
agresión racista que deshumaniza al pueblo originario", afirma un
comunicado de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del
Ecuador, que exige una investigación inmediata y sanciones a los responsables.
Este acto no es aislado. En las últimas semanas, videos virales en X (antiguo
Twitter) muestran escenas de humillación similar: soldados obligando a
manifestantes indígenas a arrodillarse o recibiendo golpes con culatas de
rifles en provincias como Imbabura y Cañar. Una publicación de la periodista
Sybel Martínez, con miles de visualizaciones, captura a más de 20 agentes
estatales agrediendo a una mujer indígena que intentaba auxiliar a un vecino
herido: "Uso excesivo de la fuerza contra el pueblo desarmado",
denuncia el clip.
La Conaie, liderada por Marlon
Vargas, ha calificado estas acciones como "política de guerra" contra
los pueblos ancestrales. En una asamblea en Chimborazo el 3 de octubre, Vargas
advirtió: "Si el Gobierno no hace caso, nos tomaremos Quito. No podemos
seguir aguantando esta represión sanguinaria". La organización reporta
operativos militares en comunidades como Loma Gorda (Cajas) y El Tambo, donde
tanquetas y soldados armados han irrumpido en territorios indígenas, dejando
detenciones arbitrarias y mujeres de la tercera edad heridas.
La muerte de Efraín Fuerez: Un
video que acorrala al Gobierno
El caso que más ha indignado a la
opinión pública es el de Efraín Fuerez, un comunero de 46 años del pueblo
kichwa de Cuicocha, asesinado el 28 de septiembre en la vía E35. La autopsia
reveló que recibió un disparo por la espalda, incompatible con la versión
oficial de un "enfrentamiento". Pero lo que ha encendido las
protestas es un video difundido en redes, grabado por testigos: soldados bajan
de vehículos tácticos Cobra II, patean el cadáver de Fuerez y agreden
brutalmente a un amigo que intenta protegerlo con su cuerpo. El hombre,
cubierto de sangre, es golpeado hasta quedar inconsciente, abrazado al cuerpo
sin vida de su compañero.
La respuesta gubernamental ha
sido un manual de negacionismo. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo,
culpó directamente a la "dirigencia indígena" por la muerte, sin
mencionar una investigación. Más escandaloso aún, el ministro de Defensa, Gian
Carlo Loffredo Rendón, cuestionó la autenticidad del video: "¿Habrá que
ver si es real?". Human Rights Watch y la CIDH han exigido autopsias
independientes y el fin de la impunidad, recordando que Ecuador está obligado
por tratados internacionales a investigar estos abusos.
Este caso evoca precedentes como
el de los "cuatro niños de Las Malvinas", en Guayaquil, diciembre de
2024. Cuatro menores afrodescendientes –dos de 12, 14 y 17 años, y un niño de
11– fueron detenidos por militares en un operativo antinarcóticos,
desaparecidos y hallados ejecutados días después. La justicia ecuatoriana
reconoció la desaparición forzada, imputando a 16 uniformados, pero el caso
ilustra la deriva: la militarización, impulsada por Noboa desde enero de 2024
con el Decreto 111 de "conflicto armado interno", ha multiplicado los
abusos contra civiles. Noboa, que ha declarado terroristas a bandas como Los
Choneros y Los Lobos –aliados de cárteles mexicanos–, extiende ahora esta
etiqueta a campesinos y indígenas, estigmatizándolos como "infiltrados"
o "ponchos dorados" en un discurso que, según analistas, justifica la
represión.
Impunidad bajo el manto del
"conflicto armado"
La estrategia de Noboa –declarar
un "conflicto armado interno" y extender estados de excepción–
permite que violaciones queden en la sombra. "El Gobierno usa el pretexto
del crimen organizado para dar carta blanca a las FFAA, pero son los campesinos
quienes pagan el precio", explica Washington Andrade, abogado defensor de
derechos indígenas. En X, un militar anónimo lamentaba el 1 de octubre:
"Las FFAA tenemos la obligación de cumplir los derechos humanos",
pero el excomandante Iván Vásconez fue removido por recordar a sus tropas
actuar "con firmeza y humanidad".
Hasta el 11 de octubre, reportes
en redes muestran represión en Bolívar y Cañar: comuneros waranka perseguidos
en Larkaloma, o kañaris en El Tambo apaleados por patrullas apoyadas por
civiles racistas. La Conaie denuncia "asedios militares en Huaycopungo"
y exige derogar el Decreto 126, mientras Noboa promete más "leyes
urgentes" económicas, ignorando el diálogo.
En un país donde el 25% de la
población es indígena y el 60% vive en pobreza rural, esta escalada no solo
cuestiona la democracia, sino la esencia de un Estado plurinacional. La CIDH y
la ONU han instado a Quito a cesar la violencia y abrir investigaciones
independientes. Si Noboa persiste en su deriva, el Paro podría no solo
paralizar carreteras, sino erosionar los pilares de la Constitución de 2008. La
historia de Ecuador, marcada por levantamientos indígenas victoriosos en 2019 y
2022, sugiere que la paciencia del pueblo tiene límites. Y cuando se rompe, ni
tanquetas ni decretos bastan para contenerla.
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