Puyo, 28 de agosto de 2025. Siete nacionalidades indígenas de la provincia de Pastaza han alzado su voz para reclamar al Gobierno ecuatoriano información detallada sobre la "Hoja de Ruta Hidrocarburífera", un plan que incluye 49 proyectos petroleros con una inversión proyectada de 47.000 millones de dólares. Entre ellas destaca la Organización Indígena Pakkiru Pastaza Kikin Kichwa Runakuna (PAKKIRU), que representa a las 16 comunas, pueblos y asociaciones kichwas de la región, y que desde 2018 impulsa la iniciativa Kawsak Sacha ("Selva Viviente") para proteger su territorio y promover el sumak kawsay, el "buen vivir".
Las comunidades denuncian que la actualización del plan petrolero de Noboa, presentado recientemente, vulnera una sentencia de 2019 que declaró nula la supuesta consulta realizada en 2012. Este fallo, emitido por la Corte Provincial de Pastaza, subrayó la necesidad de un proceso de consulta previo, libre e informado, un derecho que, según PAKKIRU y otras nacionalidades como Achuar, Shiwiar, Kichwa, Sapara, Andwa, Waorani y Shuar, ha sido sistemáticamente ignorado. "No hemos dado nuestro consentimiento previo, libre e informado frente al plan extractivo del Gobierno Nacional", reafirman en un comunicado conjunto.
El plan, que abarca bloques en las regiones subandina y suroriental (ver figuras 2 y 3), prevé una inversión de 4.500 millones en el primero y 20.000 millones en el segundo, con un objetivo de incrementar la producción en hasta 300.000 barriles por día. Sin embargo, las nacionalidades advierten que esta hoja de ruta, lejos de fomentar el desarrollo, consolida un modelo de despojo de sus territorios ancestrales, en línea con compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Una amenaza sistemática a los derechos colectivos
PAKKIRU, liderada actualmente por Luis Canelos, presidente electo para el periodo 2023-2026, ha destacado en su reciente congreso en Canelos la unidad de sus 1.175 militantes y la defensa de sus territorios frente a actividades extractivas. La organización, sucesora de la histórica Federación de Centros Indígenas de Pastaza (FECIP), fundada en 1977, ha sido clave en la promoción de la autonomía indígena y la preservación cultural. Sin embargo, el cronograma preliminar anunciado por el Gobierno, que contempla la estructuración de contratos entre 2025 y 2027, evidencia una intención de avanzar rápidamente en la explotación, ignorando los estándares de consulta establecidos.
Las nacionalidades denuncian que esta acelerada reestructuración de la política pública y normativa ambiental reduce los estándares de protección, debilitando los mecanismos de transparencia y participación. "Estas acciones no solo limitan el ejercicio de nuestros derechos colectivos y ambientales, sino que amenazan la vida y los territorios", advierten. En febrero y junio de este año, Achuar, Shiwiar, Kichwa-Pakkiru, Sapara, Andwa y Waorani presentaron peticiones de acceso a la información pública, exigiendo conocer los detalles de los bloques 79 y 83, adjudicados a Andes Petroleum, así como el estado actual de los convenios existentes.
El caso Waorani y la falta de jurisprudencia vinculante
El 19 de agosto de 2025, la Organización Waorani de Pastaza (OWAP) solicitó documentos e informes que sustenten el desarrollo de los bloques subandinos, incluyendo el 22, donde se violó el derecho a la autodeterminación y el consentimiento previo, libre e informado, según un precedente declarado nulo en 2019. Este caso evidencia la sistematicidad de las violaciones y la urgente necesidad de establecer una jurisprudencia vinculante que garantice estos derechos.
En mayo de 2025, más de 100 waoranis acudieron a la Corte Constitucional en Quito para exigir el respeto a sus derechos y los de otras nacionalidades frente a la Ronda Petrolera Suroriental. Este respaldo, apoyado por 23 amicus curiae presentados por organizaciones nacionales e internacionales, busca consolidar un precedente que proteja sus territorios y derechos colectivos. Sin embargo, la falta de cumplimiento de los estándares de consulta sigue amenazando a las comunidades de Pastaza.
Un futuro en riesgo
Ante estas amenazas, las nacionalidades indígenas de Pastaza urgen al Estado ecuatoriano a actuar con responsabilidad y respeto, reconociendo que cualquier avance extractivo sin consulta plena constituye una amenaza directa a su vida, cultura y futuro. Alertan a organismos internacionales de derechos humanos sobre la situación de riesgo y exhortan a los asambleístas, especialmente a quienes representan Pastaza, a rechazar las actividades extractivas en los bloques subandino y suroriental, asegurando el estricto cumplimiento de los derechos colectivos.
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