Puyo (Ecuador), 28 de agosto de 2025. La provincia amazónica de Pastaza, en el este de Ecuador, vive días de terror ante una sucesión de actos violentos que han dejado al menos dos muertos y un herido en las últimas 48 horas. La explosión de un artefacto en una discoteca de Puyo, un asesinato por sicariato en la parroquia de Tarqui y el hallazgo de dos cuerpos calcinados —uno de ellos decapitado— en el puente de Unión Base han desatado el pánico en la región, donde la delincuencia organizada parece operar con impunidad. Las autoridades locales han confirmado los hechos, pero la respuesta del Gobierno central se percibe como insuficiente en un país que, en lo que va de 2025, ha registrado miles de muertes violentas, convirtiéndose en uno de los más peligrosos de América Latina.
El episodio más reciente ocurrió ayer en la madrugada en la discoteca Mambo, ubicada en la zona rosa de Puyo, la capital provincial. Un artefacto explosivo, descrito como una "bomba panfletaria", detonó en el local nocturno, dejando un mensaje amenazante: los responsables anunciaban que "vacunarían" —extorsionarían— a los establecimientos de la zona. Aunque no se reportaron víctimas mortales en este atentado, el pánico se extendió rápidamente entre los dueños de bares y discotecas, que temen una escalada similar a la que ha afectado a otras ciudades ecuatorianas. Fuentes policiales locales, citadas en redes sociales, vinculan el incidente a bandas criminales que buscan expandir su control territorial.
Apenas unas horas antes, en la parroquia rural de Tarqui, un hombre fue atacado bajo la modalidad de sicariato. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, fue acribillada en plena vía pública, un método que se ha vuelto común en las disputas entre grupos delictivos. Este crimen se suma al hallazgo, esta mañana, de dos cuerpos en el puente de Unión Base, un punto estratégico en la vía que conecta Pastaza con otras provincias amazónicas. Los cadáveres estaban calcinados y uno presentaba decapitación, un sello macabro típico de las ejecuciones ligadas al narcotráfico. El teniente coronel Santiago González, jefe de la Policía en la zona, confirmó el descubrimiento en un video difundido en redes, aunque evitó dar detalles sobre posibles investigaciones.
Estos hechos no son aislados. Pastaza, una provincia tranquila y dedicada a la agricultura y el ecoturismo, se ha visto arrastrada por la ola de violencia que recorre Ecuador desde hace años. En agosto de 2025, la región ha registrado un repunte en crímenes violentos, con autoridades confirmando múltiples incidentes similares en las últimas semanas. Luis Agreda, representante de la Federación de Barrios (FECOBAB), ha denunciado públicamente la situación, exigiendo mayor presencia policial y recursos para combatir la delincuencia.
El contexto nacional: una crisis sin freno
Ecuador atraviesa su peor crisis de seguridad en décadas, con 2025 perfilándose como el año más violento de su historia reciente. Entre enero y julio, el país ha registrado más de 60 ataques múltiples y al menos 300 muertes, según datos oficiales y organizaciones independientes. Solo en el primer semestre, se contabilizaron 781 muertes violentas en 85 ciudades de 21 provincias, un incremento del 58% respecto al mismo período de 2024. La tasa de homicidios ha escalado hasta situar a Ecuador como el país más violento de América Latina, con un asesinato cada hora en promedio.
Las causas de esta espiral son multifactoriales. Expertos señalan la pobreza y la desigualdad social como caldo de cultivo para el crimen organizado, que ha penetrado en instituciones clave como las prisiones, donde el hacinamiento y la falta de control estatal permiten a las bandas operar con libertad. La internacionalización de las redes criminales, impulsada por el narcotráfico desde Colombia y México, ha exacerbado el problema, con Ecuador convirtiéndose en un corredor clave para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Además, la corrupción en las fuerzas de seguridad y la debilidad institucional han facilitado la expansión de grupos como Los Choneros o Los Lobos, responsables de masacres y extorsiones.
Ausencia de políticas efectivas y recursos insuficientes
Pese a los esfuerzos del Gobierno de Daniel Noboa, que ha optado por una estrategia de "mano dura" con la militarización de la seguridad y el estado de excepción en varias provincias, los resultados son limitados. Analistas critican la ausencia de reformas profundas en el sistema penitenciario y judicial, así como la falta de inversión en prevención social. "Se necesita una reforma integral que aborde las raíces socioeconómicas de la violencia, no solo represión militar", advierte un informe de Human Rights Watch, que documenta más de 6.700 casos de violencia sexual en escuelas entre 2014 y 2024, un síntoma de la descomposición general.
En provincias como Pastaza, la escasez de recursos es evidente: patrullas insuficientes, inteligencia limitada y una Policía sobrecargada. Organizaciones locales, como FECOBAB, reclaman mayor presupuesto para seguridad comunitaria y programas de inclusión para jóvenes, vulnerables al reclutamiento por bandas. Mientras tanto, el Gobierno ha solicitado apoyo internacional, incluyendo militar de Estados Unidos, pero las críticas por abusos en operativos persisten.
La población de Pastaza, mayoritariamente indígena y rural, teme que esta violencia se normalice. "No damos tregua, pero el Estado parece ausente", lamenta un residente anónimo en redes sociales. Con elecciones pasadas y un nuevo mandato en marcha, el desafío para Noboa es claro: transformar la retórica en acciones concretas antes de que la inseguridad devore lo que queda de paz en regiones como esta.
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