OPINION
En el convulso panorama político ecuatoriano, donde la CONAIE ha convocado a un paro indefinido para protestar contra medidas como la eliminación del subsidio al diésel, una figura emerge como un claro ejemplo de cómo los acuerdos bajo la mesa socavan la justicia y alimentan la inseguridad jurídica. Jhon Wajai, gobernador de la Ciudad Intercultural (ex Té Zulay), ha anunciado públicamente que su comunidad no se unirá al paro nacional, priorizando en cambio la legalización de sus territorios ancestrales sobre las demandas colectivas indígenas. Esta decisión no es casual: evidencia un acuerdo implícito con el gobierno de Daniel Noboa, donde la promesa de adjudicar tierras invadidas se intercambia por neutralidad en momentos de crisis social, dejando al descubierto cómo temas que deberían resolverse en los tribunales se manipulan para fines electorales y políticos.
Recordemos el contexto. Té Zulay, ubicada entre los cantones Mera y Pastaza, ha evolucionado de una hacienda donde se cultivaba té a un asentamiento irregular que alberga miles de migrantes de la selva, pero también, según reportes locales, a traficantes y elementos que han incrementado la inseguridad en la zona. A pesar de una sentencia de desalojo emitida durante el gobierno de Lenín Moreno, ningún gobernador subsiguiente ha ejecutado la orden, permitiendo que el lugar se convierta en un "tugurio" a las puertas de Puyo. Esta inacción no es negligencia pura: responde a cálculos políticos. Durante el mandato de Guillermo Lasso, se indultó incluso a Antonio Vargas, el líder fallecido que impulsó inicialmente la ocupación, lo que sugiere un patrón de concesiones para ganar apoyo en regiones amazónicas.
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Fabián Valla es autorizado por Wajai a
operar dentro de Té Zulay |
Wajai, representante de la Comunidad Ciudad Intercultural de Pueblos y Nacionalidades (CCIPNA), ha sido recibido recientemente por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, donde aportó propuestas para reformar la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. En esa intervención, enfatizó la no mercantilización de territorios ancestrales y la necesidad de consultas previas, alineándose en apariencia con principios indígenas. Sin embargo, estos diálogos , revelan el trasfondo: un diálogo facilitado por operadores políticos como Fabián Valla, ex Izquierda Democrática y aspirante a la alcaldía de Mera, quien buscaría el respaldo de los habitantes de Te Zulay para sus ambiciones electorales. Valla actuaría como puente entre Wajai y el Ejecutivo, prometiendo avances en la legalización a cambio de no plegarse al paro.
A esto se suma el rol de José Nango, asambleísta de Pachakutik expulsado recientemente por la CONAIE y su propio movimiento por votar consistentemente con el gobierno, incluyendo en temas impopulares como la estabilización fiscal mediante la eliminación de subsidios. Nango, junto a otros legisladores disidentes de Pachakutik, ha sostenido "sendos diálogos" con Wajai, reforzando la idea de un pacto donde el apoyo legislativo al gobierno se traduce en tolerancia hacia las ocupaciones en Te Zulay. Esta expulsión, adoptada unánimemente por el Tribunal de Ética de Pachakutik, subraya cómo figuras como Nango priorizan alianzas con el poder central sobre la lealtad a sus bases indígenas, y su vinculación con Wajai apunta a un engranaje más en la maquinaria gubernamental para neutralizar disidencias.
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| Equipo caminero operando en Té Zulay |
El malestar ciudadano es palpable en Pastaza y Mera. La destrucción de tolas patrimoniales por los invasores, el incremento de la inseguridad –con reportes extraoficiales de víctimas de violencia atendidas en el Hospital de Puyo provenientes de Te Zulay–, y la imposibilidad de que policía o ejército ingresen al área, generan rechazo generalizado. Extraoficialmente, se menciona que algunos invasores tienen lazos con las fuerzas armadas, lo que explicaría la pasividad estatal. A esto se añade la apertura de vías sin permisos ambientales ni municipales, como lo evidencia un video reciente publicado por el propio Wajai, donde anuncia obras bajo el amparo de una supuesta "autonomía administrativa". Esta acción, sin control del Ministerio del Ambiente ni de los gad de Pastaza o Mera, ilustra la complacencia gubernamental: Wajai no se pliega al paro, y a cambio, el Estado mira para otro lado, recordando la célebre frase de Lenín Moreno sobre financiamiento de campañas –"si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo"– aplicada ahora a temas territoriales.
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Wajai posa junto a un tubo de ármico
en las tareas de apertura de vías al
interior del Té Zulay |
Pero la omisión va más allá de la mera pasividad. Las autoridades no solo se hacen los ciegos ante la apertura de calles al interior de la ex Hacienda Te Zulay, sino que surge la interrogante inevitable: ¿quién financia la maquinaria pesada y el equipo caminero necesario para estas obras irregulares? Planes de desarrollo locales y ordenanzas mencionan vías en Te Zulay como parte de redes intercomunitarias, pero nada justifica intervenciones sin permisos. La falta de control por parte de la Policía Nacional sobre el traslado de este equipo plantea dudas serias: ¿cómo ingresa maquinaria pesada a un área de ocupación irregular sin que las fuerzas del orden intervengan? Reportes locales sugieren que la policía hace vista gorda, permitiendo el flujo sin inspecciones, lo que alimenta sospechas de complicidad.
Aún más preocupante es el suministro de combustible para operar esta maquinaria. ¿Quién vende el diésel o gasolina requerida en un contexto donde el ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero) debería fiscalizar estrictamente el uso y distribución de hidrocarburos para prevenir contrabando e irregularidades? La agencia ha intensificado controles en otras regiones, como Azuay, pero en Te Zulay parece ausente, ignorando posibles desvíos de combustible subsidiado. Esta cadena de omisiones –desde el financiamiento oculto de maquinaria, pasando por la inacción policial en el traslado, hasta la falta de regulación en el combustible– no aparenta ser un conjunto de descuidos aislados, sino parte de un plan estructurado para mantener el statu quo en Te Zulay, asegurando lealtad política a cambio de impunidad.
Esta manipulación política de un asunto jurídico siembra inseguridad en Ecuador. Lo que debería resolverse en los juzgados –cumpliendo sentencias de desalojo y respetando derechos ancestrales genuinos– se convierte en moneda de cambio para votos y estabilidad. Mientras la CONAIE lucha por demandas nacionales, figuras como Wajai optan por el pragmatismo individual, beneficiándose de promesas que perpetúan invasiones y debilitan el Estado de derecho. Los gobernadores, por omisión, son cómplices de esta farsa, y la ciudadanía paga el precio con inseguridad y erosión patrimonial. Es hora de exigir que la justicia prevalezca sobre los pactos oscuros, antes de que Ecuador se convierta en un feudo de acuerdos informales donde la ley es solo una sugerencia.
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