Quito, 19 de septiembre de 2025 – El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), en una asamblea extraordinaria celebrada este jueves en Latacunga, ha declarado al presidente ecuatoriano Daniel Noboa «persona non grata» en la provincia andina, acusándolo de provocar a las comunidades indígenas con su reciente traslado temporal de la sede ejecutiva a la capital provincial. La resolución, adoptada por unanimidad entre 33 organizaciones de base, marca un escalada en las tensiones sociales y anuncia el inicio de movilizaciones indefinidas, en sintonía con el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La decisión surge como respuesta directa al Decreto Ejecutivo 126, firmado por Noboa el 12 de septiembre y vigente desde el día siguiente, que suprime el subsidio al diésel y eleva su precio un 56%, hasta los 2,80 dólares por galón. Para el MICC, esta medida no solo encarece la producción agrícola y el transporte, sino que agrava la vulnerabilidad de familias campesinas en una región donde el 70% de la economía depende de la agricultura de subsistencia. «Es un golpe económico que beneficia al imperialismo minero y deja en la miseria a los pueblos originarios», reza el comunicado oficial del movimiento, que exige la derogación inmediata del decreto y alerta sobre un «incremento grave en los precios de la canasta básica».
Una provocación en territorio ancestral
El traslado de Noboa a Latacunga el 13 de septiembre –para supervisar, según el Gobierno, programas de seguridad y desarrollo rural– fue interpretado por los dirigentes indígenas como una afrenta deliberada. «Noboa llega al territorio del pueblo kichwa panzaleo para provocar, violando derechos colectivos y ancestrales», denuncia el documento, que califica la presencia presidencial como una «ocupación» en vísperas de las protestas. En respuesta, el MICC convoca a la «toma de la ciudad de Latacunga» a partir del lunes 22 de septiembre, con el objetivo explícito de exigir la salida del mandatario «hacia su ciudad de origen en Miami, Estados Unidos».
Esta acción se enmarca en una estrategia de «movilización de carácter permanente y progresivo», que involucrará a transportistas, comerciantes, ganaderos, maestros y la clase trabajadora de Cotopaxi y provincias vecinas. El movimiento insta a la población a abastecerse de víveres y productos básicos hasta el domingo 21, anticipando posibles interrupciones en el suministro durante las «jornadas de resistencia». Además, se fortalecerán las guardias comunitarias para «garantizar la seguridad territorial» y se rechazan fondos anti-movilizaciones, como los 10 millones de dólares destinados por el Gobierno en junio de 2022 para reprimir protestas indígenas.
El MICC, registrado ante la Conaie y con una trayectoria de lucha contra el extractivismo, también critica la propuesta de Noboa de convocar una nueva Asamblea Constituyente, tachándola de «escenario de distracción» que evade los problemas urgentes. «Exigimos el respeto y la aplicación de los derechos consagrados en la Constitución vigente», proclama el texto, reafirmando el apego a la Carta Magna de 2008, que reconoce la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano.
El pulso de un país dividido
La escalada en Cotopaxi se suma a un malestar generalizado en Ecuador, donde la eliminación del subsidio al diésel ha desatado críticas transversales. La Conaie, en su asamblea del 18 de septiembre en Riobamba, decretó un paro nacional indefinido, respaldado por sindicatos como la Fenoc y estudiantes de universidades públicas. En Chimborazo e Imbabura, ya se reportan bloqueos incipientes, mientras el Gobierno ha respondido con un estado de excepción en cinco provincias, incluyendo Cotopaxi, y un toque de queda nocturno desde el 18 de septiembre.
Noboa, en un acto en Bolívar este viernes, replicó con dureza a la declaración del MICC: «Yo les declaro personas non gratas a ellos en todo el país. El Ecuador es de todos, no de unos pocos». El presidente defiende la medida como un ajuste fiscal necesario para redirigir recursos a programas sociales –como el bono Raíces de 1.000 dólares entregado a 30.000 familias indígenas o la distribución de 100 tractores en Chimborazo por 3,5 millones de dólares–, pero sus promesas electorales de no tocar subsidios al combustible resuenan como un eco traicionado en las comunidades rurales.
Analistas como el politólogo Pablo Ospina advierten de un «ciclo repetitivo de confrontación» en Ecuador, similar a las protestas de 2019 y 2022, donde el descontento indígena catalizó cambios políticos. «Cotopaxi no es solo una provincia; es el epicentro simbólico de la resistencia plurinacional», señala Ospina. Mientras, el MICC se declara en sesión permanente y abre canales para un «diálogo sin condiciones», aunque el Ejecutivo insiste en que «no negocia con revoltosos».
En un país donde la pobreza rural supera el 40% y la inseguridad galopante –con 4.000 homicidios en 2025– erosiona la confianza en las instituciones, las calles de Latacunga podrían convertirse en el termómetro de una crisis mayor. La pregunta es si el Gobierno optará por el garrote o por la mesa de concertación, antes de que el fuego andino se extienda al resto de la nación.
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