La Plaza Roja, un espacio emblemático en el centro de esta ciudad amazónica ecuatoriana, ha sido objeto de duras críticas desde su inauguración. Ciudadanos y observadores locales han cuestionado no solo su estética —calificada por muchos como "fea" y desconectada de la identidad cultural de la región—, sino también la forma en que el Municipio de Pastaza, bajo la administración del alcalde Germán Flores, adjudica contratos de obras públicas. Especulaciones sobre favoritismos y falta de transparencia han circulado en redes sociales y foros locales, alimentando un debate más amplio sobre la gestión de recursos en municipios amazónicos. Reyes, sin embargo, atribuye estas percepciones a un "desconocimiento" generalizado sobre los mecanismos de contratación pública en Ecuador.
En sus declaraciones, la contratista enfatiza que la obra se adjudicó mediante un proceso de "menor cuantía", regulado por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), que invita a oferentes locales sin permitir rebajas en el presupuesto establecido por la entidad contratante. "Todo oferente debe cumplir un plazo, unas especificaciones técnicas, un cronograma de trabajos", explica Reyes, quien detalla que aceptó la invitación municipal mediante una carta de adhesión al presupuesto fijado. Según ella, este sistema —gestionado a través del portal nacional del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)— es público y accesible a cualquier ciudadano, lo que desmiente las sospechas de adjudicaciones "a dedo".
Reyes revela que compitió con unos 30 oferentes locales y que su selección se produjo mediante un sorteo tras una evaluación técnica por parte de una comisión municipal. "No es que esta obra se la dio a dedo o algo, ahora ya la dio direccional es imposible", afirma, lamentando que su nombre haya sido "tomado" en medio de las controversias, lo que le generó "decepción". La ingeniera subraya que el proceso es traceable en línea: "Cualquier persona puede acceder a este sistema, entrar a revisar, ver quién no más ofertó, quién salió categorizado".
Uno de los puntos más controvertidos es el diseño final de la plaza, que incluye dos locales comerciales y que, según críticos, no coincide con los renders iniciales presentados por el Municipio. Reyes se desmarca de cualquier responsabilidad creativa: "Nosotros como contratistas no diseñamos ya el momento de contratación. A nosotros nos establecen ya los diseños, incluso en el sistema de portal de contratación pública suben los planos". Atribuye posibles "falencias" a los profesionales que elaboraron los estudios previos, recordando que estos se realizan con antelación —posiblemente desde el año anterior— e incluyen presupuestos, partidas y aprobaciones del consejo municipal. "Somos seres humanos y cometen tal vez una que otra objeción", concede, pero insiste en que ejecutó el contrato "a cabalidad al 100%", respaldado por pólizas de garantía que comprometen sus bienes personales y familiares.
Sobre los precios, Reyes aclara que en procesos de menor cuantía los oferentes se adhieren al monto fijado por la institución, sin posibilidad de ofertas económicas inferiores, a diferencia de licitaciones o subastas. "Cada oferente en menor cuantía debe revisar minuciosamente cada uno de los precios si están acorde al mercado", detalla, aunque no entra en valoraciones específicas sobre si el presupuesto de 117.000 dólares fue ajustado o no. La fiscalización, añade, corrió a cargo del Municipio, con un administrador de contrato designado por la entidad.
La contratista defiende el propósito de la obra como un aporte al "ornato" urbano, al turismo y al desarrollo socioeconómico, gracias a los locales comerciales que podrían generar empleo local. No obstante, no profundiza en cómo se alinea esto con las demandas ciudadanas, que reclaman espacios más inclusivos y representativos de la diversidad amazónica. Reyes concluye invitando al diálogo: "Estoy predispuesta a si alguna duda necesitan o requieren para poder ver", lamentando que ningún periodista la contactara previamente pese a tener su oficina en la misma plaza.
Esta defensa llega en un contexto de escrutinio creciente hacia la administración de Germán Flores, quien ha impulsado varias regeneraciones urbanas en Puyo en medio de críticas por presuntos sobrecostos y falta de consulta comunitaria. Fuentes municipales no han respondido aún a las consultas sobre el proyecto, pero el caso ilustra tensiones comunes en Ecuador entre desarrollo local y percepción pública de corrupción. Mientras tanto, la Plaza Roja permanece como un símbolo divisivo: para unos, un avance necesario; para otros, un ejemplo de desconexión entre autoridades y ciudadanía.
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