Puyo (Ecuador), 28 de agosto de 2025. El Bloque de Seguridad de la provincia de Pastaza, integrado por representantes del Gobierno central, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, convocó este jueves a una rueda de prensa en Puyo para abordar la escalada de violencia que ha conmocionado a esta región amazónica en las últimas 48 horas. Con un diagnóstico que apunta a la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico como raíces del problema, las autoridades anunciaron medidas inmediatas, incluyendo el refuerzo de patrullajes y la activación de investigaciones conjuntas. El gobernador Rolando Ramos, el coronel Santiago González y el coronel Castro expusieron un frente unido, aunque la ciudadanía exige resultados concretos en un Ecuador donde la inseguridad se ha convertido en una crisis estructural.
Los incidentes recientes —una explosión en la discoteca Mambo con un mensaje extorsivo, un sicariato en la parroquia de Tarqui y el hallazgo de dos cuerpos calcinados, uno decapitado, en el puente de Unión Base— han generado un clima de temor en Pastaza, una provincia de unos 100.000 habitantes donde la delincuencia organizada parece extender sus tentáculos desde las grandes ciudades costeras. Según las declaraciones recopiladas en la conferencia, estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón que refleja la debilidad institucional y la expansión de bandas criminales en zonas rurales.
El diagnóstico: crimen organizado y vulnerabilidades locales
Rolando Ramos, gobernador de Pastaza, abrió la rueda de prensa con un tono firme, calificando los actos como "cobardes intentos de desestabilización" perpetrados por grupos delictivos que buscan imponer el terror a través de extorsiones y ejecuciones. Ramos diagnosticó el problema como una consecuencia de la "infiltración progresiva del narcotráfico y el crimen transnacional" en la Amazonía, agravada por la porosidad de las fronteras y la falta de recursos en provincias periféricas. "Pastaza no es ajena a la crisis nacional; aquí, la inseguridad se nutre de la pobreza rural y la ausencia de presencia estatal sostenida", afirmó, haciendo eco de informes oficiales que vinculan estos eventos a disputas por rutas de droga y control territorial.
El coronel Santiago González, comandante de la Policía en la subzona Pastaza, profundizó en el análisis al detallar que los incidentes revelan "una modalidad operativa típica de bandas organizadas", con elementos como decapitación y mensajes amenazantes que buscan intimidar a la población y a los comercios. González señaló que la explosión en la discoteca Mambo —un artefacto panfletario que anunciaba "vacunas" (extorsiones) a locales nocturnos— apunta a una estrategia de expansión económica del crimen, similar a lo visto en Guayaquil o Esmeraldas. En cuanto al sicariato en Tarqui y los cuerpos en Unión Base, el oficial atribuyó estos a "ajustes de cuentas" posiblemente relacionados con el tráfico de estupefacientes, aunque evitó especular sobre grupos específicos sin avances en las investigaciones. "El diagnóstico es claro: inseguridad creciente por falta de inteligencia preventiva y recursos limitados, pero estamos actuando para revertirlo", declaró.
Por su parte, el coronel Castro, representante de las Fuerzas Armadas (FFAA), enfatizó las vulnerabilidades geográficas de Pastaza, con sus extensas zonas selváticas que facilitan el ocultamiento de actividades ilícitas. "La provincia sufre de una inseguridad importada, exacerbada por la crisis carcelaria nacional y la migración de delincuentes desde otras regiones", dijo Castro, refiriéndose a la sobrepoblación en prisiones ecuatorianas, donde bandas como Los Lobos o Los Choneros operan con impunidad. Los tres intervinientes coincidieron en que el problema trasciende lo local, integrándose en la emergencia de seguridad que ha llevado al Gobierno de Daniel Noboa a declarar estados de excepción en múltiples provincias.
Acciones anunciadas: refuerzo militar y llamadas a la colaboración ciudadana
Frente a este panorama, las autoridades delinearon un plan de acciones inmediatas y a corto plazo. Ramos anunció la activación plena del Bloque de Seguridad, con reuniones diarias para coordinar respuestas y un llamado a la ciudadanía para denunciar sospechas a través de líneas confidenciales. "Implementaremos operativos conjuntos para proteger los puntos críticos, como la zona rosa de Puyo y las vías rurales, y trabajaremos con comunidades indígenas para integrar sus alertas tempranas", comprometió el gobernador, quien también solicitó al Ejecutivo central más fondos para equipamiento tecnológico.
González detalló medidas operativas concretas: el despliegue de 50 agentes adicionales en las próximas horas, el incremento de patrullajes mixtos con drones y unidades caninas, y la aceleración de investigaciones forenses en los tres incidentes. "Ya hemos recogido evidencias balísticas del sicariato y muestras de los cuerpos; colaboramos con laboratorios nacionales para identificar a las víctimas y rastrear a los perpetradores", explicó. Además, se instalarán cámaras de vigilancia en Unión Base y Tarqui, y se reforzará la protección a comercios nocturnos para prevenir extorsiones.
El coronel Castro, desde el ámbito militar, confirmó el apoyo de las FFAA con la creación de puestos de control en accesos estratégicos y la realización de operativos de búsqueda en áreas selváticas. "Capacitaremos a la población en prevención y desplegaremos tropas para disuadir cualquier escalada", aseguró, destacando que estas acciones se alinean con la estrategia nacional que ha reducido la violencia en un 18% en otras zonas. Los intervinientes cerraron con un mensaje unificado: "La seguridad es colectiva; confíen en las instituciones, pero ayúdennos con información".
Esta rueda de prensa se produce en un Ecuador que, en 2025, ha visto un incremento del 58% en homicidios respecto al año anterior, con más de 781 casos en el primer semestre. Analistas consultados por ETSA FM advierten que, sin reformas profundas en el sistema judicial y penitenciario, medidas como estas podrían ser paliativas. En Pastaza, donde la economía depende del turismo y la agricultura indígena, la violencia amenaza no solo la paz social, sino el tejido cultural. Las autoridades prometen actualizaciones en breve, pero la provincia permanece en vilo, esperando que las palabras se traduzcan en hechos.
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