La RC ha presentado impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), exigiendo una auditoría integral, mientras que el Gobierno de Noboa califica estas denuncias como intentos de desestabilización. Analistas destacan que, en un país con altos niveles de desconfianza institucional, estas alegaciones podrían prolongar la inestabilidad política.
Acusaciones de fraude técnico y manipulación de votos
La RC sostiene que el fraude se materializó a través de un mecanismo físico en las papeletas electorales. Según sus informes técnicos, las boletas fueron tratadas con un compuesto químico que facilitaba la transferencia de tinta, complementado por bolígrafos "INKreible" distribuidos por el CNE, cuya tinta supuestamente se desvanecía o migraba, permitiendo reasignar votos de la candidata Luisa González a Noboa. Correa ha citado un informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE), donde observadores reportaron incidencias con la tinta en algunos recintos, aunque el documento final de la misión no concluye un fraude sistemático, atribuyendo las observaciones a posibles fallos en materiales.
González, quien obtuvo el 48% de los votos según resultados oficiales, ha denunciado irregularidades como actas con discrepancias numéricas y cambios de recintos de última hora. La RC exige un recuento total, argumentando que estas anomalías afectaron provincias clave donde González tenía fuerte apoyo.
Violaciones legales atribuidas a Noboa durante la campaña
Las denuncias de la RC incluyen varias presuntas infracciones al Código de la Democracia por parte de Noboa. En primer lugar, se alega que el presidente-candidato no solicitó licencia formal al CNE para hacer campaña, violando el principio de igualdad electoral y corriendo con ventaja sobre sus rivales. El CNE ha sido criticado por no intervenir, aunque Noboa notificó una ausencia temporal por "fuerza mayor", lo que generó debates legales sobre su validez.
Otro punto es el uso de recursos públicos en la campaña, como la entrega de cocinas de inducción y bonos para jóvenes, interpretados por la oposición como financiamiento estatal prohibido. Noboa ha admitido que programas sociales continuaron durante el periodo electoral, pero los defiende como medidas de apoyo social, no electorales. Críticos señalan que estos anuncios coincidieron con la campaña, potencialmente influyendo en el voto.
Además, se acusa a Noboa de violar el Código de la Democracia al incluir artistas extranjeros, como Tito El Bambino, en eventos de cierre de campaña, lo que está expresamente prohibido. Esta acción podría acarrear multas o suspensiones, aunque no se han impuesto sanciones hasta la fecha.
La RC también menciona denuncias sobre fondos de Noboa en paraísos fiscales, reveladas por su exesposa Gabriela Goldbaum y una investigación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) durante el gobierno anterior. Según la oposición, esto inhabilitaría a Noboa como candidato, ya que la ley ecuatoriana prohíbe a funcionarios tener recursos en tales jurisdicciones, y podría implicar falsedades en declaraciones juradas. Noboa ha contradenunciado estas alegaciones como violaciones a su privacidad.
Finalmente, se critica la inhabilitación del candidato Jan Topic por el TCE, basada en presuntos conflictos de intereses con contratos estatales, sin una sentencia judicial firme. La RC ve esto como una neutralización política de contendores, similar a tácticas observadas en otros contextos regionales.
Alegaciones de injerencia extranjera y rol del CNE
Correa ha aludido a "servicios de inteligencia extranjeros" en la transmisión, sin nombrar agencias específicas, aunque en contextos históricos ha mencionado a la CIA. Critica la "doble moral" de la OEA y la pasividad del CNE, acusado de permisividad ante violaciones.
El CNE rechaza estas acusaciones, afirmando que el proceso fue transparente y archivando impugnaciones por falta de pruebas concluyentes.
El contexto de crisis en Ecuador
Estas denuncias ocurren en medio de una grave crisis multifacética. Bajo el gobierno de Noboa, Ecuador enfrenta altos índices de violencia ligada al narcotráfico, déficits en el sistema de salud y desempleo creciente, con más de 419.000 personas desafiliadas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el último año. La popularidad de Noboa ha caído por dudas en cifras de seguridad y empleo, aunque su administración destaca avances en reactivación económica.
Perspectivas de analistas y polarización
Expertos como Santiago Basabe señalan que las acusaciones reflejan frustración popular, pero carecen de pruebas forenses independientes. Carla Álvarez enfatiza que en un contexto de exclusión social, estas narrativas canalizan malestar, sugiriendo auditorías para restaurar confianza.
La polarización en Ecuador ha alcanzado extremos, con sectores calificando a medios como "prensa pautada" si perciben sesgos. La RC planea acciones internacionales, mientras Noboa busca consolidar su mandato ante desafíos estructurales. En una región con precedentes de disputas electorales, el caso ecuatoriano subraya la necesidad de fortalecer instituciones para mitigar desconfianzas.
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