Quito, 26 de agosto de 2025 – El empresario ecuatoriano Xavier Jordán, radicado en Estados Unidos desde 2020, ha lanzado una nueva ofensiva contra la exfiscal general del Estado, Diana Salazar, a quien acusa de filtrar información sensible a terceros, fabricar casos judiciales y orquestar una persecución sistemática en su contra. En un video de más de 24 minutos publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter), Jordán detalla evidencias que, según afirma, han sido periciadas en territorio estadounidense y remitidas al Senado de ese país, lo que podría complicar cualquier desplazamiento de Salazar a EE UU por temor a repercusiones legales.
Jordán, un constructor e inversor que asegura haber sido víctima de una "campaña de desprestigio" orquestada por políticos y medios ecuatorianos, sostiene que Salazar violó protocolos judiciales al compartir datos confidenciales con Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo procesado en el caso Metástasis por presunta delincuencia organizada. "Los chats entre Diana Salazar y Ronny Aleaga demuestran que ella tenía acceso a información de los dispositivos antes de su apertura oficial, y le preguntaba sobre usuarios para satisfacer su odio político", afirma Jordán en el video, donde lee extractos de conversaciones supuestamente extraídas de un peritaje forense realizado en EE UU.
Entre las pruebas destacadas por Jordán se encuentran informes policiales ecuatorianos que, según él, indican que no se pudo verificar la autenticidad de los usuarios en los chats del caso Metástasis, donde se le acusa de ser el "líder" de una red criminal vinculada al narcotraficante Leandro Norero. "La Policía Suiza confirmó que nunca usé la aplicación Threema, y que mis IP no aparecen en ningún lado", asegura, adjuntando documentos en un enlace de Google Drive que incluye supuestos peritajes, informes de inteligencia y extractos de chats. Jordán también menciona un documento de la Fiscalía de 2023 que certifica que no tenía relación con el lavado de activos de Norero, contradiciendo las acusaciones posteriores. "Todo es un montaje para perseguirme, como los falsos positivos que le hicieron a Mayra Salazar o Carolina Jaume", agrega, refiriéndose a testigos en el caso que, según él, fueron coaccionados para inculparlo.
El empresario cuestiona duramente a la prensa ecuatoriana, a la que califica de "mafia mediática" por replicar narrativas sin pruebas. "Lanzan relatos desde la Fiscalía y los posicionan como verdades, sin juicios ni evidencias", denuncia, citando ejemplos como memes en redes sociales que desencadenaron investigaciones en su contra durante la pandemia de COVID-19. Jordán afirma que estos montajes judiciales han durado más de cinco años, incluyendo el caso Hospitales, donde asegura no haber recibido contratos ni pagos, pese a las imputaciones iniciales.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la supuesta relación íntima entre Salazar y Aleaga, que habría facilitado filtraciones. Jordán lee chats donde Salazar habría alertado a Aleaga sobre investigaciones del FBI en Miami, Nueva York y Houston, y le habría pedido confirmar identidades de usuarios para incriminarlo. "El 9 de octubre de 2023, ella le dice que los sicarios de Villavicencio iban a ser llevados a EE UU, pero los mataron antes. ¿Coincidencia?", pregunta retóricamente, insinuando que estas filtraciones comprometen la seguridad de investigaciones internacionales. Además, acusa a Salazar de usar su cargo para perseguir opositores políticos, como en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, donde Jordán ha sido vinculado como presunto autor intelectual junto a Aleaga, Daniel Salcedo y José Serrano, sin que, según él, existan pruebas concretas.
Jordán enfatiza que estas evidencias han sido enviadas al Senado estadounidense, lo que, en su opinión, impide que Salazar ingrese a EE UU sin enfrentar consecuencias. "Por eso no vino a Washington y se fue a Argentina como embajadora. Sabe que hay oficinas del FBI investigándola por obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas", afirma, recordando que Salazar ya fue demandada en EE UU en 2017 por usar evidencia falsa en un caso ecuatoriano, lo que resultó en una condena al Estado por 100.000 dólares. El empresario ha iniciado acciones legales en Miami por difamación contra Salazar, exigiendo que rinda cuentas bajo juramento y que se traslade la investigación del asesinato de Villavicencio a jurisdicción estadounidense, invocando tratados como el MLAT.
Diana Salazar, quien asumió la Fiscalía en 2019 y lideró casos emblemáticos contra la corrupción como Metástasis y Odebrecht, renunció en mayo de 2025 alegando amenazas a su seguridad y la de su familia. En su carta de dimisión, anunció que se afincaría fuera de Ecuador para garantizar una vida con mayores garantías. El Gobierno de Estados Unidos elogió su "destacada labor" en la lucha contra la corrupción, destacando su compromiso con la justicia en un país azotado por el narcotráfico y la violencia. Sin embargo, hasta el momento, ni Salazar ni la Fiscalía han respondido directamente a las acusaciones de Jordán, aunque fuentes judiciales ecuatorianas han desmentido en el pasado cualquier irregularidad en los procesos.
Este episodio se inscribe en el convulso panorama judicial ecuatoriano, donde acusaciones cruzadas entre figuras políticas y judiciales han erosionado la confianza en las instituciones. Jordán, procesado en Metástasis y prófugo según las autoridades ecuatorianas, promete más revelaciones en los próximos días, mientras que observadores internacionales, como Human Rights Watch, han alertado sobre posibles usos políticos de la justicia en el país. La denuncia de Jordán, si prospera en EE UU, podría tener implicaciones diplomáticas, aunque por ahora queda en el terreno de las alegaciones sin resolución judicial.
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