QUITO.- El sistema de salud pública de Ecuador se desangra mientras sus pacientes luchan por sobrevivir entre la negligencia y la corrupción. Una investigación expone un entramado que ha desviado al menos 240 millones de dólares de los hospitales desde 2018, dejando a los ciudadanos sin acceso a medicamentos, alimentos dignos y atención médica de calidad.
La Comisión Nacional Anticorrupción ha señalado a 174 proveedores como los responsables de este desfalco multimillonario, que se ha alimentado de una supuesta complicidad entre el poder político y una red de contratistas. A pesar de que la Comisión entregó un informe detallado con los nombres de los implicados al Gobierno, incluida la ministra de Salud y el presidente del IESS, la falta de respuesta oficial hasta la fecha ha encendido las alarmas sobre la impunidad.
El robo sistemático que mata
La denuncia apunta a un mecanismo de robo de fondos que opera a través de las "subastas inversas", un proceso de licitación pública que, en lugar de generar competencia, es manipulado para asegurar que solo dos empresas de un grupo selecto ganen los contratos. Mediante la eliminación de otros competidores y la imposición de plazos de entrega inusualmente cortos, estas compañías aseguran el monopolio y perpetúan el desvío de recursos públicos.
El impacto de este saqueo es palpable en las salas de hospital. Mientras millones de dólares desaparecen, los pacientes son alimentados con raciones de comida de mala calidad y, en algunos casos, hospitales como el Pablo Arturo Suárez se han visto obligados a recurrir a bancos de alimentos para cubrir las necesidades básicas de sus enfermos. La situación se agrava con el recorte presupuestario de 78 millones de dólares en los últimos dos años, que ha afectado a rubros esenciales como alimentación, seguridad y limpieza, dejando a los hospitales en una crisis operativa.
La Fiscalía en el ojo del huracán
La investigación revela una preocupante inacción de las autoridades judiciales. Existe un temor generalizado de que la Fiscalía, en lugar de perseguir a los responsables, archive varias de las investigaciones en curso sobre la compra irregular de medicamentos. Esta omisión, de confirmarse, perpetuaría la impunidad y enviaría un mensaje desolador a una sociedad que ve cómo la corrupción se fortalece a costa de la vida de los más vulnerables. El silencio oficial y la aparente complicidad de las instituciones de control amenazan con sepultar cualquier esperanza de justicia.
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