Quito, Ecuador - Una denuncia del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) ha encendido las alarmas sobre un presunto plan de vigilancia y persecución orquestado desde las altas esferas del Estado ecuatoriano contra el líder indígena y presidente de la CONAIE, Leonidas Iza. La revelación, que ha conmocionado a la opinión pública, se basa en la información extraída de los teléfonos móviles de tres agentes de policía que fueron retenidos por una comunidad indígena.
Según el comunicado del MICC, una red de inteligencia estatal denominada "Asadero del cuy" estaría operando con el objetivo de "silenciar la resistencia". Esta red, compuesta por 16 agentes con rangos de Sargento, Capitán y Subteniente, se habría infiltrado en labores cotidianas como periodistas, abogados y funcionarios de la Asamblea Nacional para mantener un seguimiento "sistemático y permanente" sobre Iza. Los chats revelados sugieren un lenguaje codificado, en el que se refieren al dirigente indígena como "el capibara" y a su hogar como "la cuyera", lo que para las organizaciones de derechos humanos evidencia una intención peyorativa y la naturaleza clandestina de la operación.
La denuncia no solo expone un seguimiento, sino que también señala la ilegalidad de la operación. La información publicada por el MICC subraya que la vigilancia se llevó a cabo sin la debida justificación ni la autorización de la Fiscalía General del Estado, lo que contraviene directamente lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Seguridad Pública. Este vacío legal, según las organizaciones, confirma la falta de transparencia y el carácter arbitrario de la acción.
El caso ha sacado a la luz la tensión entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. La difusión de los chats fue una medida tomada en virtud de una sentencia dictada el 21 de agosto de 2025 por las autoridades ancestrales, quienes ejercieron su derecho a la justicia indígena para exponer la presunta conspiración. El MICC justificó la publicación bajo los principios de "necesidad, proporcionalidad e idoneidad", argumentando que era la única forma de alertar a otras posibles víctimas de esta red de persecución.
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi ha responsabilizado directamente al gobierno de Daniel Noboa por cualquier atentado contra la vida de Leonidas Iza o de cualquier otro miembro de su organización. Advierten que este tipo de acciones son consecuencia directa de la aprobación de "leyes represivas" que ponen en riesgo la vida de los líderes sociales e indígenas.
La situación se agrava con el contexto de las denuncias internacionales. El informe del Departamento de Estado estadounidense ha acusado al Gobierno de Noboa de violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, lo que añade un peso significativo a las acusaciones de la comunidad indígena. Las organizaciones sociales y de derechos humanos han exigido una investigación inmediata y efectiva, tanto a nivel nacional como internacional, para evitar que este caso quede en la impunidad.
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