Quito, 19 de septiembre de 2025 – El Gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha emitido un comunicado oficial este jueves instando a todas las entidades estatales y empresas públicas, así como a los transportistas en todas sus modalidades, a iniciar de inmediato mesas técnicas para revisar y actualizar las tarifas vigentes del transporte. Esta medida se presenta como una respuesta directa a la reciente eliminación del subsidio al diésel, decretada el pasado 12 de septiembre mediante el Ejecutivo 126, que ha elevado el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón, un incremento del 56%. Aunque el Ejecutivo asegura que busca un "equilibrio económico" para ambas partes y ha prometido compensaciones para evitar alzas en los pasajes de transporte público, analistas y sectores afectados advierten que el ajuste inevitablemente derivará en incrementos en ciertos segmentos, como el transporte de carga y escolar, exacerbando las tensiones sociales en un país ya convulsionado por protestas.
El comunicado, difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y fechado el 19 de septiembre, enfatiza que la actualización tarifaria se basa en "el liderazgo del Estado hacia los sectores que más lo necesitan, ante la eliminación del subsidio al diésel". El texto llama a "realizar mesas técnicas para actualizar las tarifas vigentes, a fin de garantizar un equilibrio económico para ambas partes". Esta directriz llega en un contexto de creciente malestar: desde la entrada en vigor del decreto, el sábado 13 de septiembre, se han registrado bloqueos de carreteras en provincias como Carchi y Pichincha, convocados por transportistas de carga pesada que rechazan el encarecimiento del combustible, esencial para su operación. "Es un golpe a la producción y al transporte de bienes básicos", denunció un representante del sector en declaraciones recogidas por medios locales, advirtiendo que los fletes –las tarifas por transporte de mercancías– podrían aumentar hasta un 20% para compensar los costos adicionales.
La conexión entre la supresión del subsidio y el ajuste tarifario es explícita en el documento oficial, que vincula la necesidad de revisión directamente al fin de la ayuda estatal al diésel. Fuentes gubernamentales, citadas en un informe de Reuters del 13 de septiembre, explican que el ahorro de 1.100 millones de dólares anuales por la eliminación del subsidio se redirigirá a programas sociales, incluyendo 220 millones en ayudas directas al sector del transporte de pasajeros y compensaciones temporales para el comercial. Sin embargo, esta reasignación no cubre integralmente todos los ámbitos: mientras el ministro de Transporte, Roberto Luque, ha asegurado en entrevistas radiales que "no habrá incremento en el pasaje" para el transporte público urbano e interprovincial gracias a bonos mensuales de entre 400 y 1.000 dólares para unas 23.000 unidades, el sector de carga pesada y escolar queda expuesto a reajustes.
Evidencia de este impacto se observa en las acciones inmediatas de los transportistas. En Cuenca, provincia del Azuay, el transporte escolar anunció este viernes un paro indefinido a partir del domingo 21 de septiembre, argumentando que el alza en el diésel "golpea directamente a las familias ecuatorianas". Representantes del sector entregaron un documento al gobernador local exigiendo la derogatoria del decreto, y advirtieron que, sin subsidio, las tarifas por servicio estudiantil podrían elevarse para cubrir los nuevos costos operativos. Similarmente, en Pichincha, los transportistas de carga pesada declararon un paro el 13 de septiembre, reclamando que el incremento del diésel encarece sus operaciones y obliga a revisar fletes, lo que repercutiría en los precios de bienes de consumo. Un video difundido en redes sociales muestra a líderes del sector anunciando: "Los transportistas se preparan para el impacto: así planean el aumento en los fletes".
El Gobierno, por su parte, mantiene que las mesas técnicas –que se inician de inmediato y abarcan todas las modalidades, desde buses urbanos hasta carga y taxis– servirán para "fortalecer el trabajo conjunto con los transportistas" y "proteger a los ciudadanos". En un post en la cuenta oficial del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Luque reiteró que más de 8.000 transportistas ya se han registrado para recibir incentivos, y que el objetivo es "garantizar que no exista incremento en el pasaje". No obstante, críticos como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ven en esta medida un "paquetazo" neoliberal que, pese a las compensaciones, trasladará costos a los consumidores. La Conaie, en asamblea el 18 de septiembre en Riobamba, decretó un paro nacional indefinido, argumentando que la eliminación del subsidio "encarece el transporte, la producción y golpea a los más vulnerables".
Analistas económicos consultados por este medio coinciden en que, aunque el Ejecutivo prohíbe alzas en pasajes de buses públicos –como se detalla en el plan de compensaciones publicado en CuencaHighLife–, el transporte de carga y privado no cuenta con las mismas restricciones, lo que podría generar un efecto dominó en la cadena de suministros. "La actualización tarifaria es un eufemismo para incrementos selectivos", opina Pablo Ospina, politólogo de la Universidad Andina Simón Bolívar. "En un país donde el 40% de la economía rural depende del diésel barato, eliminar el subsidio sin un plan integral lleva inevitablemente a presiones inflacionarias".
Esta convocatoria a mesas técnicas se produce en medio de un estado de excepción decretado el 16 de septiembre en siete provincias –incluidas Cotopaxi, Chimborazo y Pichincha–, con toque de queda nocturno, para contener las protestas que ya han incluido cierres de vías y enfrentamientos con la policía. Noboa, quien trasladó temporalmente la sede presidencial a Latacunga, ha defendido la medida como esencial para "un Ecuador más justo", pero organizaciones indígenas como el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi lo declararon "persona non grata" y convocaron a la toma de la ciudad el lunes 22.
Mientras las mesas técnicas se instalan, el pulso entre el Gobierno y los sectores afectados se intensifica. Si las negociaciones no logran contener las alzas en tarifas de carga y servicios complementarios, el riesgo de una escalada similar a las revueltas de 2019 –cuando el entonces presidente Lenín Moreno retrocedió en la eliminación de subsidios– planea sobre el horizonte político de Noboa, a solo meses de las elecciones de febrero de 2026. Por ahora, el Ejecutivo insta a la ciudadanía a informarse por canales oficiales, pero las calles de Ecuador ya hablan de un descontento que no se apaga con promesas de equilibrio.
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