Por Redacción Palora, 6 de septiembre de 2025
En un contexto de crecientes disputas territoriales en la Amazonía ecuatoriana, líderes indígenas de la provincia de Pastaza han elevado su voz contra las recientes desconexiones de energía eléctrica realizadas por la Empresa Eléctrica Ambato (EEASA) en el sector de Te Zulay, una zona que ha pasado de ser una antigua hacienda a un asentamiento autodenominado "ciudad intercultural de pueblos y nacionalidades". Jhon Wajai, autoproclamado gobernador y representante legal de esta comunidad, ha denunciado lo que califica como una violación de derechos constitucionales, revelando al mismo tiempo la existencia de acuerdos previos con autoridades locales y estatales que, según él, legitiman su presencia y acceso a servicios básicos.
La operación de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. EEASA, que ha cortado conexiones consideradas clandestinas, se enmarca en un esfuerzo por regularizar el suministro eléctrico en áreas marginales de la parroquia Tarqui, y en el cantón Mera. Sin embargo, para los ocupantes de Te Zulay —un asentamiento que críticos describen como un tugurio carente de servicios básicos y plagado de inseguridad—, estas acciones representan un atropello a sus derechos colectivos. Los indígenas, principalmente de origen kichwa, reclaman estas tierras basándose en posesiones ancestrales, argumentando que sus antepasados habitaron la zona hace miles de años. Esta ocupación, iniciada en la década de 1990, ha generado polémica, ya que el sitio fue tomado alegando derechos indígenas, pero ha evolucionado hacia un espacio urbano informal donde ni siquiera la policía puede ingresar con facilidad para patrullajes rutinarios.
En una declaración pública difundida a través de medios locales, Wajai, un excombatiente del Alto Cenepa en 1995 y actual líder de la comunidad, enfatizó la protección legal de su grupo bajo el artículo 57 de la Constitución ecuatoriana, que ampara los derechos colectivos de pueblos indígenas. "Somos una organización sujeta a derechos colectivos, protegidos por la Constitución y tratados internacionales", afirmó Wajai, quien se presentó como subnarrador y representante legal ante la prensa. Insistió en que el asentamiento no es un acto arbitrario, sino un territorio indígena con jurisdicción propia, respaldado por coordinaciones con instituciones estatales, incluyendo la Federación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE) y el Parlamento Amazónico Indígena.
El líder indígena reveló detalles de un proyecto eléctrico iniciado en 2015, aprobado por la EEASA y el municipio de Pastaza, que permitió la instalación de postes, cables y transformadores financiados por la comunidad misma. "No somos locos que agarramos la energía porque nos da la gana", declaró Wajai, subrayando que, aunque las conexiones no se han regularizado completamente —y por ende no se pagan formalmente—, se basan en autorizaciones oficiales. "La empresa eléctrica aprobó y el municipio dio el visto bueno, pero nos dijeron que teníamos que comprar los materiales nosotros", explicó, argumentando que cualquier intervención unilateral viola los derechos de la población infantil y estudiantil que reside allí.
Wajai también aludió a acuerdos políticos firmados con gobiernos nacionales para la regularización del territorio, documentos que, según él, son de conocimiento público y obligan a las autoridades a coordinar acciones en lugar de actuar de forma unilateral. "Hemos firmado acuerdos con el Estado ecuatoriano para regularizar esto, y nadie puede negarlo", insistió, advirtiendo que desconexiones sin consulta previa podrían derivar en litigios ante tribunales nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde ya han defendido sus reclamos con el respaldo de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Esta reacción surge en un momento en que el Gobierno ecuatoriano enfrenta presiones para abordar invasiones de tierras y regularizar asentamientos informales, especialmente en regiones amazónicas ricas en recursos naturales. Críticos del asentamiento de Te Zulay argumentan que fomenta la inseguridad y el caos urbano, mientras que defensores como Wajai lo presentan como un motor económico para ciudades cercanas como Puyo y Shell, donde los residentes contribuyen indirectamente a través de compras y pagos de impuestos. "Somos el motor económico del desarrollo aquí; pagamos por infraestructura y generamos vida en los centros educativos", recalcó el líder, destacando la presencia de proveedores de servicios como internet y transporte que operan bajo acuerdos comunitarios.
La controversia pone de relieve las tensiones entre derechos indígenas ancestrales y la necesidad de ordenamiento territorial en Ecuador, un país donde el 7% de la población se identifica como indígena y donde conflictos similares han escalado en el pasado. Fuentes de la EEASA no han respondido aún a las acusaciones de Wajai, pero el municipio de Pastaza ha confirmado en el pasado la existencia de diálogos para regularizar servicios en zonas marginales. Mientras tanto, la comunidad de Te Zulay llama a las autoridades —incluidas las fuerzas armadas y la Policía Nacional— a respetar su jurisdicción y coordinar cualquier intervención, evitando lo que perciben como un desalojo encubierto.
Este episodio ilustra los desafíos persistentes en la Amazonía ecuatoriana, donde reclamos históricos se entrecruzan con demandas modernas de equidad y sostenibilidad. Wajai concluyó su intervención con un llamado a la sociedad ecuatoriana y al mundo: "No pedimos favores, solo ejercemos derechos constitucionales". La resolución de este conflicto podría sentar precedentes para otros asentamientos similares en la región.
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