La explotación política de las vulnerabilidades en Te Zulay: un estado paralelo en la Amazonía ecuatoriana

 Palora, 6 de septiembre de 2025

La mesa legislativa de Soberanía Alimentaria escuchó los criterios de Etsa Jhon Wajai, representante de la Comunidad Ciudad Intercultural de Pueblos y Nacionalidades (CCIPNA), de la provincia de Pastaza, respecto al tratamiento unificado de las reformas a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

En el corazón de la provincia de Pastaza, el sector de Te Zulay —una antigua hacienda transformada en un asentamiento informal autodenominado "ciudad intercultural de pueblos y nacionalidades"— representa no solo un conflicto territorial crónico, sino un claro ejemplo de cómo el poder político ecuatoriano instrumentaliza la desesperación humana para fines electorales. Lo que comenzó como una invasión de tierras en 2010, alegando posesiones ancestrales indígenas, ha evolucionado en un tugurio sin servicios básicos regulados, donde la inseguridad reina y la autoridad estatal parece ceder terreno a líderes locales como Jhon Wajai. Este autoproclamado gobernador no solo defiende el derecho a la energía eléctrica —a pesar de conexiones clandestinas—, sino que presume de otorgar "autorizaciones" a empresas privadas para operar en el área, configurando un preocupante escenario de un "estado dentro del estado". Pero detrás de esta fachada de autonomía indígena, se esconde una trama de migración forzada, tráfico de tierras y, sobre todo, manipulación política.

Jhon Wajai respaldando  a los Asambleístas de PK 
Fernando Nantipia, Jose Nango,  Edmundo Cerda

Los habitantes de Te Zulay no son, en su mayoría, invasores por capricho. Muchos son migrantes de comunidades selváticas remotas que abandonaron sus hogares en busca de mejores oportunidades en las cercanías de Puyo y Shell. Atrás quedaron las promesas de prosperidad; en su lugar, encontraron precariedad urbana, falta de empleo y un sistema que los empuja a asentamientos irregulares. Otros, sin embargo, son especuladores: traficantes de tierras que ya poseen lotes en zonas aledañas pero ambicionan más, aprovechando la laxitud legal para revender parcelas en este "territorio colectivo". Esta mezcla de necesidad genuina y oportunismo ha convertido a Te Zulay en un polvorín social, con más de 15 años de riñas, agresiones y hasta muertes por disputas territoriales, como documentan reportes locales que lo describen como una "tierra de nadie" sin control ni ley.

En su reciente pronunciamiento, Wajai va más allá de reclamar derechos constitucionales bajo el artículo 57 de la Carta Magna —que protege a pueblos indígenas—. Afirma haber "dado acuerdos" para que prestadores de internet como Pastaza TV, Britel, Briosanet y Spidy operen en la zona, y menciona a la operadora de transporte terrestre Alpayán como beneficiaria de su "jurisdicción". Aquí radica el peligro: ¿quién autoriza realmente estas operaciones? En el caso de los servicios de internet, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) es la entidad estatal encargada de otorgar títulos habilitantes y certificaciones para equipos inalámbricos y de telecomunicaciones, con licencias que podrían abarcar toda la provincia. Sin embargo, cualquier expansión informal sin coordinación estatal viola normativas técnicas y de espectro radioeléctrico, exponiendo a los usuarios a servicios precarios y potenciales riesgos de seguridad.

Más grave aún es el transporte: la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) regula las rutas terrestres, exigiendo aprobaciones para operaciones interprovinciales o locales, a menudo en coordinación con mancomunidades de tránsito. Que un líder comunitario como Wajai pretenda "conceder" permisos sugiere una usurpación de funciones estatales, fomentando un paralelismo institucional que debilita la soberanía nacional. Esta dinámica no solo perpetúa la informalidad —con conexiones eléctricas no pagadas desde 2015, pese a proyectos aprobados por la Empresa Eléctrica y el municipio—, sino que crea dependencias que políticos locales explotan sin escrúpulos.

Gustavo Silva Alcalde de Mera comprometió obras
para habitantes del Té Zulay en enero de 2025

Y es aquí donde entra el juego electoral. Te Zulay, con su creciente población —estimada en miles—, se ha convertido en un botín de votos decisivo para elecciones en el cantón Mera. En procesos pasados, como las seccionales de 2023, el padrón de este sector ha influido en la elección del alcalde, con candidatos haciendo "acercamientos" a los ocupantes para asegurar lealtades. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha intervenido en ocasiones, frenando cambios de domicilio ilegales que inflaban artificialmente el padrón electoral, pero la tentación persiste. Políticos de turno, desde alcaldes como Gustavo Silva (quien en 2018 dialogó con autoridades sobre Te Zulay) hasta figuras provinciales, prometen regularizaciones y servicios a cambio de apoyo, sin abordar las raíces del problema: la migración rural-urbana descontrolada, la pobreza en comunidades amazónicas y el tráfico de tierras que enriquece a unos pocos.

Esta explotación es cínica y perversa. En lugar de invertir en políticas integrales —como programas de vivienda digna, empleo en origen o titulación legal de tierras ancestrales genuinas—, los líderes políticos usan la vulnerabilidad de estos migrantes como moneda de cambio. Organizaciones indígenas como la CONFENAIE y la CONAIE han rechazado en el pasado a figuras como Wajai, acusándolo de oportunismo en invasiones no ancestrales, mientras la Defensoría del Pueblo ha mediado sin resultados concretos. El resultado: un ciclo de promesas incumplidas que mantiene a Te Zulay en la marginalidad, beneficiando solo a quienes buscan perpetuarse en el poder.

Es hora de romper este pacto implícito. El Estado ecuatoriano debe reafirmar su autoridad, regularizando asentamientos con equidad pero sin concesiones a la informalidad. Y la sociedad civil, exigir que la política deje de lucrar con la necesidad humana. De lo contrario, Te Zulay no será más que un símbolo de cómo, en la Amazonía, los votos valen más que la dignidad.