Bogotá, 21 de agosto de 2025. – Un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional de Colombia fue derribado este jueves en una zona rural del municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, durante una operación de erradicación de cultivos ilícitos de coca. El ataque, atribuido a la estructura 36 de las disidencias de las FARC, dejó un saldo inicial de ocho policías muertos y varios heridos, que horas después se elevó a 12 fallecidos y al menos cuatro lesionados graves, según confirmaron las autoridades. Este incidente se enmarca en una jornada violenta que incluyó otro atentado en Cali, y pone de relieve la escalada de confrontaciones entre las fuerzas del Estado y grupos armados ilegales en regiones clave para el narcotráfico.
Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, cuando la aeronave transportaba personal para reforzar las labores de destrucción manual de plantaciones de hoja de coca en la vereda Los Toros, una zona de difícil acceso controlada por organizaciones criminales. Según reportes preliminares, los atacantes utilizaron un dron cargado con explosivos y tatucos –artefactos improvisados similares a morteros– para impactar el helicóptero, que se precipitó a tierra envuelto en llamas. Videos difundidos en redes sociales muestran una columna de humo negro elevándose desde el sitio del siniestro, mientras que testigos describen escenas de caos con uniformados en tierra bajo fuego cruzado. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplegó inmediatamente aeronaves de apoyo, como un Arpía, para evacuar a los sobrevivientes y neutralizar a los responsables, en una operación que se extendió durante horas debido a la complejidad del terreno.
El presidente Gustavo Petro confirmó la autoría del atentado por parte del Frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente de las extintas FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016 y que opera en alianza con carteles narcotraficantes. "Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y ocho heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi. La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC", escribió Petro en su cuenta de X, aunque cifras posteriores ajustaron el número de víctimas mortales a 12. Inicialmente, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, había señalado al Clan del Golfo –el mayor grupo narcotraficante del país– como posible responsable, pero rectificó tras recibir informes actualizados de inteligencia. Ofreció una recompensa de 200 millones de pesos (alrededor de 50.000 dólares) por información que lleve a la captura de los cabecillas, entre ellos alias Calarcá.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, activó la red hospitalaria regional y denunció el ataque como un golpe a la democracia. "Esta es la paz total de Petro", ironizó en X, criticando la política de negociación del Gobierno con grupos armados, conocida como 'Paz Total'. Rendón recordó que la zona es un bastión de disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, donde los cultivos de coca han alcanzado récords históricos –253.000 hectáreas en 2023, según la ONU–, impulsando la producción de cocaína que alimenta mercados internacionales. La Policía Nacional identificó a las víctimas mortales, entre ellas subintendentes y patrulleros como Andrés Felipe Cuesta, Jhon Fredy Betancur y José Manuel Hoyos, destacando su labor en la lucha contra el narcotráfico.
Este atentado no es aislado. Ocurre en el mismo día que una explosión cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali dejó seis muertos y más de 50 heridos, también atribuida a disidencias de las FARC. Ambas acciones parecen coordinadas, reactivando alertas sobre la capacidad de estos grupos para ejecutar ataques sofisticados, como el uso de drones, una táctica cada vez más común en conflictos asimétricos en América Latina. En lo que va de 2025, al menos 78 policías han sido asesinados en actos similares, un incremento que expertos atribuyen a la retaliación por operaciones antidrogas, como la reciente incautación de 1,5 toneladas de cocaína en Urabá.
El Gobierno colombiano ha decretado máxima alerta en las fuerzas armadas y anunciado investigaciones exhaustivas. Organizaciones internacionales, como la ONU, han expresado preocupación por la escalada de violencia, urgiendo a un enfoque integral que combine represión con alternativas económicas para las comunidades afectadas por el narcotráfico. Mientras tanto, las familias de las víctimas y la sociedad civil exigen justicia, en un país donde la paz sigue siendo un objetivo elusivo pese a los esfuerzos diplomáticos.
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