Quito, 20 de agosto de 2025 – Las comunidades indígenas de Cotopaxi han instalado este martes la primera Audiencia Comunitaria de Justicia Indígena en la sede de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNOCANC), en la parroquia de Toacazo, para juzgar a cuatro policías acusados de participar en un presunto intento de asesinato contra Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y destacado líder indígena. La iniciativa, que se presenta como indefinida, surge en medio de denuncias de persecución estatal y tras el análisis de más de 5.000 chats y documentos que, según los organizadores, prueban un patrón de hostigamiento por parte del Gobierno.
El incidente que desencadenó esta audiencia ocurrió el lunes 18 de agosto, cuando tres agentes de inteligencia policial fueron interceptados en las inmediaciones de la vivienda de Iza, en la comunidad de San Ignacio. Según relatos de los comuneros, los uniformados realizaban labores de vigilancia, tomando fotografías y videos sin autorización, e intentaron huir a alta velocidad, poniendo en riesgo la integridad del líder indígena. Iza, quien ha sido víctima de amenazas previas y detenciones que califica de políticas, denunció públicamente el hecho como un "nuevo acto de intimidación" y responsabilizó al Ejecutivo de Daniel Noboa por cualquier daño a su familia o comunidad.
La audiencia, convocada por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), se inició la tarde del 19 de agosto con la participación de dirigentes comunitarios y representantes de base. Durante la sesión, se expusieron pruebas recolectadas de los dispositivos de los agentes retenidos, incluyendo celulares con miles de archivos que evidencian seguimientos sistemáticos no solo a Iza, sino a otros líderes sociales y defensores de derechos humanos desde enero de este año. Entre los hallazgos, según informó el asambleísta de Pachakutik Alex Toapanta, figuran credenciales falsas de medios de comunicación, sellos con rastros de ADN, walkie-talkies y folletos sobre justicia indígena, lo que sugiere una operación encubierta.
"Investigamos más de 5.000 chats y documentos que prueban la persecución del Estado", afirmó el MICC en un comunicado, convocando a sus bases a mantenerse unidas y participar en la audiencia indefinida. Las comunidades expresaron su respaldo total a Iza, alertando sobre una "política de persecución" del Gobierno, y enfatizaron que el proceso se ampara en los artículos 57, 76 y 171 de la Constitución ecuatoriana, que reconocen la autoridad indígena en sus territorios y prohíben el juzgamiento doble por la misma causa.
La tensión escaló este miércoles cuando un patrullero policial ingresó sin notificación previa a San Ignacio, lo que fue interpretado como una intromisión en el proceso indígena. Los uniformados fueron acompañados por comuneros hasta la sede de la UNOCANC para verificar que la audiencia se desarrolla conforme a la ley, sin alteraciones a la paz comunitaria. "Leonidas, amigo, el pueblo está contigo", corearon los participantes, en un acto que reunió a decenas de personas en un ambiente nocturno iluminado por focos y proyectores, como se aprecia en videos difundidos por las organizaciones.
La Fiscalía General del Estado respondió minimizando la gravedad del suceso, afirmando que los agentes colaboraban en una investigación previa y enfatizando la necesidad de "diálogos entre la justicia ordinaria e indígena". Sin embargo, el Gobierno ha guardado silencio oficial, lo que ha avivado críticas de organizaciones como la Alianza por los Derechos Humanos, que califica el incidente como parte de un "grave patrón de hostigamiento" y urge a instancias internacionales como la CIDH y la ONU a intervenir.
El caso ha polarizado la opinión pública. Mientras sectores indígenas y de derechos humanos denuncian un atentado contra la vida de Iza, quien ha liderado protestas contra políticas extractivistas y ha sido candidato presidencial, críticos lo tildan de "terrorista" y cuestionan la validez de la justicia indígena, alegando que viola principios constitucionales contra la tortura. Imágenes divulgadas muestran a los policías retenidos con golpes en la cabeza, lo que ha generado llamados a respetar los derechos humanos de los implicados.
En contexto, Ecuador vive un recrudecimiento de tensiones entre el Estado y los movimientos indígenas desde el paro nacional de 2022, donde Iza fue figura central. Organizaciones como la CONAIE han advertido de una escalada de represión, con seguimientos ilegales y criminalización de líderes. La audiencia indefinida podría extenderse, con posibilidad de sentencias comunitarias que incluyen sanciones tradicionales, aunque su reconocimiento por la justicia ordinaria sigue siendo un punto de fricción en el país plurinacional.
Diversos medios locales, como Primicias, El Mercurio y La Hora, han cubierto el desarrollo, destacando la retención de los agentes y la conformación del tribunal indígena. Mientras, voces disidentes exigen que la justicia indígena se aplique también a casos internos de corrupción en el movimiento, cuestionando su imparcialidad.
La situación pone en evidencia las complejidades del pluralismo jurídico en Ecuador, donde la Constitución de 2008 reconoce la justicia indígena como paralela a la estatal, pero con límites en casos de derechos fundamentales. Organizaciones internacionales monitorean el caso, ante el riesgo de que derive en mayores confrontaciones.
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