Quito, 21 de agosto de 2025 – Marlon Vargas, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ha exigido una investigación exhaustiva sobre la persecución y los ataques contra líderes y dirigentes sociales, con especial énfasis en el caso del expresidente de la organización, Leonidas Iza. En un comunicado difundido este jueves, Vargas afirmó que el incidente no solo atenta contra un individuo, sino contra todo el movimiento indígena y popular, expresando solidaridad con Iza y con todos los compañeros que han sufrido persecución, enjuiciamiento, encarcelamiento e incluso asesinato a lo largo de distintos gobiernos.
“Desde la CONAIE exigimos una investigación exhaustiva sobre la persecución y los ataques contra líderes y dirigentes sociales, ahora el caso del ex presidente Leonidas Iza”, señaló Vargas en el mensaje, que ha circulado ampliamente en redes sociales. El pronunciamiento llega en medio de una escalada de tensiones tras el incidente del pasado lunes 18 de agosto, cuando tres agentes de inteligencia policial fueron retenidos por comunidades indígenas en la parroquia de Toacazo, provincia de Cotopaxi, acusados de espiar y presuntamente intentar atentar contra la vida de Iza.
Según relatos del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), los uniformados realizaban labores de vigilancia encubierta cerca de la vivienda de Iza en la comunidad de San Ignacio, tomando fotografías y videos sin autorización. Al ser confrontados, intentaron huir a alta velocidad, poniendo en riesgo la integridad del líder indígena, quien denunció el hecho como un “intento de asesinato” orquestado por el Estado. Iza, figura central en las protestas nacionales de 2019 y 2022, ha responsabilizado al Gobierno de Daniel Noboa por cualquier daño a su familia o comunidad, alegando un patrón de hostigamiento sistemático.
Las comunidades han iniciado una Audiencia Comunitaria de Justicia Indígena en la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNOCANC), donde se analizan más de 5.000 chats y documentos de los dispositivos de los agentes retenidos. Estos materiales, según los organizadores, prueban seguimientos ilegales no solo a Iza, sino a otros líderes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones desde enero de este año. Entre las evidencias figuran credenciales falsas, sellos con rastros de ADN y comunicaciones que sugieren operaciones encubiertas. El proceso se ampara en la Constitución ecuatoriana, que reconoce la justicia indígena en territorios ancestrales.
La Policía Nacional, por su parte, ha respondido con una denuncia por secuestro contra Iza, presentada por el comandante de la subzona Cotopaxi, debido a la retención de los agentes. Además, se ha solicitado un habeas corpus para liberar a los uniformados, argumentando que realizaban una investigación previa sin violar derechos. Críticos del movimiento indígena, como algunos usuarios en redes, han calificado la retención como un delito grave y a Iza como un “falso líder” que podría enfrentar consecuencias legales.
El caso ha generado reacciones polarizadas. Figuras como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, han calificado el suceso como “grave” y exigido una investigación profunda, enfatizando que ningún ser humano merece tal trato. Organizaciones como la CONAIE y el MICC han convocado a la unidad y alertado sobre una “política de persecución estatal”, invocando a instancias internacionales como la CIDH para intervenir. Por el contrario, medios y voces opositoras han acusado a las comunidades de promover racismo y deslegitimar el proceso judicial ordinario.
La Fiscalía General del Estado ha minimizado la gravedad, afirmando que los agentes colaboraban en una indagación legítima y promoviendo diálogos entre justicias indígena y ordinaria. Sin embargo, abogados como David Cordero Heredia han solicitado intervenir como amicus curiae en favor de Iza, alegando violaciones a sus derechos y seguimiento ilegal.
Este episodio se inscribe en un contexto de tensiones crecientes entre el Estado y los movimientos indígenas desde el paro nacional de 2022, donde Iza fue protagonista. Organizaciones internacionales monitorean el caso, ante el riesgo de escalada en un país que reconoce el pluralismo jurídico pero enfrenta fricciones en su aplicación. La CONAIE ha reiterado su llamado a la solidaridad, advirtiendo que la persecución amenaza la democracia ecuatoriana.
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