Puyo, Ecuador. La provincia amazónica de Pastaza, en Ecuador, enfrenta un panorama sanitario precario que se ha agravado en los últimos meses, con ambulancias operando sin seguros obligatorios y un sistema público lastrado por corrupción, deudas pendientes y falta de mantenimiento. La reciente visita del nuevo coordinador zonal de Salud, Diego Rodríguez, ha puesto en evidencia estas fisuras, mientras las autoridades locales y los sindicatos alertan sobre las implicaciones legales para quienes permitieron esta situación. Aunque Rodríguez promete inversiones y eficiencia, el contexto revela un abandono estructural que pone en riesgo la atención a una población vulnerable.
Un accidente que destapó la vulnerabilidad
Todo comenzó con un choque frontal en la vía Baños-Puyo a finales de agosto, cuando una ambulancia del Ministerio de Salud Pública (MSP) colisionó con una camioneta que intentaba esquivar un bache. El incidente, que dejó heridos al paciente transportado, al personal médico y al conductor, sacó a la luz una realidad alarmante: las unidades móviles carecían de pólizas de seguro por falta de presupuesto. Luis Méndez, presidente del Sindicato de Trabajadores de Pastaza, denunció entonces que se necesitaban entre 34.000 y 36.000 dólares para contratar la cobertura, fondos que no llegaron pese a solicitudes previas. Como respuesta, los operadores paralizaron las ambulancias, dejando a la provincia sin servicio prehospitalario esencial, salvo la limitada intervención de la Cruz Roja.
Esta paralización no fue un capricho, sino una medida de seguridad, según Méndez, quien advirtió que operar sin seguro exponía a riesgos innecesarios tanto a los trabajadores como a la ciudadanía. El episodio ilustra un problema más amplio: en Pastaza, las carreteras en mal estado —fruto de un mantenimiento deficiente— se combinan con un sistema de salud que opera al borde del colapso.
La llegada de Diego Rodríguez: promesas ante un diagnóstico sombrío
El 1 de septiembre, Diego Rodríguez, recién designado coordinador de la Zona 3 (que incluye Pastaza junto a Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi), visitó Puyo para evaluar la situación. Médico con maestría en gestión sanitaria y experiencia en el sector público y privado, Rodríguez anunció una inversión de 700.000 dólares para el cuarto trimestre, destinada a infraestructura y abastecimiento. En una rueda de prensa, reconoció limitaciones graves: un abastecimiento de medicamentos al 79% (con meta de elevarlo al 85% vía compras centralizadas), deudas de cuatro meses a servicios externalizados como limpieza y guardianía, y una ejecución presupuestaria baja que podría llevar a desvinculaciones.
Particularmente preocupante es el estado del Hospital de Puyo, donde Rodríguez lamentó la "falta de mantenimiento a los equipos" y anunció gestiones para adquirir un tomógrafo. En cuanto a las ambulancias, detalló que de las seis unidades disponibles, solo cuatro están operativas; las otras dos permanecen en garantía de mantenimiento, a la espera de cumplimiento por parte de los responsables. Además, señaló la ausencia de un urólogo desde noviembre de 2024, un vacío que planea abordar en reuniones inminentes.
Rodríguez no evitó mencionar un "nudo crítico por corrupción en el SERCOP" (Servicio Nacional de Contratación Pública), que ha frustrado procesos de adquisición por falta de oferentes. Defendió el decreto 108 como una herramienta para eficiencia, no para recortes, y enfatizó la necesidad de coordinación interna: "En el MSP no se trabaja de 08:00 a 17:00; requiere compromiso constante". Su discurso, orientado a la transparencia y el diálogo con la comunidad, contrasta con la realidad sobre el terreno, donde los sindicatos exigen acciones concretas más allá de las promesas.
Implicaciones legales: negligencia con consecuencias
La operación de ambulancias sin seguros no es solo un fallo operativo, sino una posible infracción a la normativa ecuatoriana, que obliga a los vehículos públicos a contar con cobertura contra riesgos y responsabilidad civil. El Acuerdo Ministerial 00023 de 2016, que aprueba el "Modelo de gestión, organización y funcionamiento del servicio de atención de salud móvil", establece estándares obligatorios para las unidades del MSP, aunque no detalla explícitamente los seguros, estos se infieren de la Ley Orgánica de Salud y el Reglamento de Transporte Sanitario, que priorizan la seguridad y la eficiencia.
Según expertos en derecho administrativo, los funcionarios responsables —desde directores distritales hasta coordinadores— podrían incurrir en faltas graves. La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) califica la negligencia en la administración de bienes públicos como una infracción que puede derivar en amonestaciones, multas (hasta el 10% de la remuneración) o suspensión temporal. En casos recurrentes o con perjuicio económico, se contempla la destitución e inhabilitación por hasta dos años.
A nivel civil, la Constitución (artículo 233) impone la obligación de indemnizar al Estado por daños, con la Contraloría General del Estado facultada para emitir glosas económicas. Penalmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el peculado culposo (artículo 278), con penas de 3 a 7 años de prisión si la omisión causa pérdidas, o hasta 13 años si es dolosa. Delitos como abuso de autoridad (artículo 286) o concusión podrían aplicarse si hay indicios de beneficio indebido. Notablemente, estos crímenes contra la administración pública son imprescriptibles, lo que permite investigaciones sin límite temporal.
La Contraloría, con potestad para auditar el uso de recursos, podría iniciar procesos que remitan casos a la Fiscalía. En Pastaza, donde el accidente ya generó costos no cubiertos, los implicados enfrentan un escrutinio que va más allá de lo administrativo: "No podemos ser cómplices de lo que pueda seguir pasando", advertía Méndez, eco de una demanda por accountability en un sistema que, pese a las inversiones anunciadas, sigue expuesto a riesgos evitables.
Un llamado a la eficiencia en un contexto de desigualdad
La situación en Pastaza refleja desafíos más amplios en el Ecuador amazónico, donde la geografía dispersa y las comunidades indígenas exigen una atención intercultural que el sistema actual no siempre garantiza. Rodríguez, con su énfasis en la equidad, representa una oportunidad para revertir esta tendencia, pero expertos consultados insisten en que sin reformas estructurales —como agilizar contrataciones y priorizar presupuestos— las promesas podrían quedar en papel mojado.
Mientras la provincia espera las evaluaciones de gerentes anunciadas para finales de mes, la ciudadanía urge precauciones: evitar emergencias innecesarias en un territorio donde un bache puede convertirse en tragedia. El caso de las ambulancias sin seguro no es aislado, sino un síntoma de un abandono que, de no corregirse, podría tener repercusiones judiciales para sus responsables y, peor aún, costos humanos irreparables.
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