En territorios donde una vía puede significar conexión, comercio y acceso a servicios, una obra inconclusa no es solo un problema administrativo: también se convierte en una promesa suspendida. Eso es lo que ocurre con el proyecto de asfaltado en La Cuya, cuya ejecución fue oficialmente interrumpida por el Gobierno Provincial de Pastaza tras la terminación unilateral del contrato.
De acuerdo con el boletín oficial, la decisión se adoptó conforme a la ley, luego de que se registraran incumplimientos “reiterados e injustificados” por parte del contratista. La Prefectura sostiene que el contrato venció el 21 de febrero de 2026, pese a que ya se habían concedido ampliaciones de plazo, sin que la obra llegara a completarse.
El dato más visible del problema es el nivel de avance: 40,35%. En otras palabras, más de la mitad del proyecto quedó pendiente. A eso se sumó, según la institución, el abandono de la obra desde el 26 de enero de 2026, fecha desde la cual ya no habría existido presencia de maquinaria ni de personal técnico en el sitio.
Pero la preocupación oficial no se limitó al ritmo de ejecución. El Gobierno Provincial también indicó que se detectaron incumplimientos en la presentación de planillas, acumulación de multas y valores del anticipo que no fueron debidamente justificados, lo que, afirma, genera la obligación de devolver recursos públicos.
Según la cronología expuesta en el comunicado, el 5 de marzo de 2026 se notificó el inicio del proceso de terminación del contrato. Posteriormente se revisaron los descargos del contratista y, finalmente, el 6 de abril de 2026 se emitió la resolución definitiva. Dos días después, el 8 de abril, el contratista fue reportado ante el SERCOP como proveedor incumplido.
La entidad provincial también remarcó que cualquier acción posterior carece de validez legal sobre un contrato ya terminado y recordó que la normativa vigente prohíbe volver a contratar con un proveedor declarado incumplido.
Frente a ese escenario, la administración anunció que iniciará un nuevo proceso de contratación, con una inversión aproximada de 1,37 millones de dólares y un plazo estimado de 120 días para concluir la obra. La meta, según el boletín, es retomar el asfaltado y completarlo dentro del marco legal, con responsabilidad y transparencia, en beneficio de las comunidades involucradas.
Aunque el comunicado presenta la posición oficial del Gobierno de Pastaza, el tema también deja una pregunta de fondo: cuánto tiempo más deberán esperar los habitantes de La Cuya para ver terminada una obra que, en la práctica, sigue siendo una necesidad vial y social. Porque detrás de cada porcentaje de avance y de cada resolución administrativa, hay comunidades que siguen esperando que el camino prometido deje de estar en los papeles y se convierta, por fin, en una realidad.
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