La Prefectura de Pastaza informó la terminación unilateral del contrato del asfaltado La Cuya–Puerto Tzazapi por incumplimientos del contratista y anunció un nuevo proceso de contratación para concluir la obra en beneficio de Canelos y la cuenca de Bobonaza.
En la Amazonía, una carretera no es solo una franja de asfalto. Puede ser también la diferencia entre el aislamiento y la conexión, entre la promesa del desarrollo y la frustración de una obra inconclusa.
La Prefectura de Pastaza informó la terminación unilateral del contrato del asfaltado La Cuya–Puerto Tzazapi por incumplimientos del contratista y anunció un nuevo proceso de contratación para concluir la obra en beneficio de Canelos y la cuenca de Bobonaza.
Eso es lo que hoy rodea al proyecto de asfaltado de la vía La Cuya–Puerto Tzazapi, en Pastaza. La Prefectura informó que el contrato fue terminado de manera unilateral luego de que, según su versión, el contratista incumpliera el acuerdo, dejara la obra con apenas un 40% de avance y la abandonara desde el 26 de enero de 2026.
De acuerdo con la explicación oficial difundida a las comunidades de Canelos y de la cuenca de Bobonaza, el contrato venció el 21 de febrero de 2026, luego de un plazo total de 397 días, incluidos casi 127 días adicionales sobre el cronograma original. Pese a ese tiempo, sostiene la Prefectura, más de la mitad del proyecto quedó pendiente.
La imagen que transmite el mensaje institucional es la de una obra detenida mucho antes de su cierre formal. Según la transcripción del video, durante 70 días consecutivos no hubo maquinaria, personal técnico ni una justificación válida para esa paralización. Para la administración provincial, ese escenario obligó a tomar una decisión que presenta como una defensa de los recursos públicos y de los intereses de la comunidad.
El proceso, siempre según la versión oficial, comenzó el 5 de marzo, cuando se notificó la intención de terminar unilateralmente el contrato y se otorgó al contratista el derecho a la defensa. Tras analizar los descargos, la Prefectura concluyó que estos no lograban desvirtuar los incumplimientos señalados. Finalmente, el 6 de abril se emitió la resolución de terminación.
Junto con esa decisión, la entidad provincial informó que el contratista deberá devolver USD 725.000 entre anticipo y multas, y que además fue notificado el SERCOP para que se lo declare contratista incumplido. En el relato institucional, este punto no es menor: la Prefectura sostiene que no se puede “premiar el incumplimiento” permitiendo que quien no terminó la obra siga al frente de ella.
El mensaje también deja entrever una tensión política y social. La Prefectura afirma que, luego de emitida la resolución, el contratista reapareció con nuevas promesas y que incluso se habría intentado usar la presión social para que pudiera continuar con la ejecución. Frente a eso, la autoridad provincial asegura que escucha a las comunidades y respeta la voz de sus dirigentes, pero insiste en que su obligación es aplicar la ley y proteger el dinero público.
La pregunta de fondo, sin embargo, sigue siendo la misma que muchas veces acompaña a las obras públicas inconclusas: qué pasa con la gente mientras se resuelven los contratos, los litigios y los trámites. Porque detrás de cada cifra hay comunidades que esperaban una vía terminada, segura y útil para su vida cotidiana.
En ese contexto, la Prefectura señaló que ya impulsa un nuevo proceso de contratación, con una inversión aproximada de USD 1,37 millones y un plazo estimado de 120 días para culminar la obra. La promesa oficial es que el proyecto no se detiene para siempre, sino que se corrige para poder avanzar.
La controversia sobre La Cuya deja así una escena conocida en muchas zonas del país: una infraestructura anunciada como símbolo de progreso que termina atrapada entre retrasos, incumplimientos y decisiones administrativas. Lo que está por verse ahora es si el nuevo proceso logra convertir esa promesa inconclusa en una carretera terminada, de calidad y, sobre todo, útil para quienes la han esperado durante tanto tiempo.
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