Por qué crece el rechazo a Daniel Noboa en Ecuador

61.5% de los ecuatorianos rechazan la gestión del presidente Daniel Noboa

Con 35,7% de imagen positiva y 61,5% de negativa, Daniel Noboa aparece entre los presidentes peor valorados de América Latina en el ranking de CB Global Data de abril de 2026. La cifra, por sí sola, retrata un desgaste. Pero no lo explica. Para entenderlo hay que mirar más allá del dato: a la violencia que no cede, al golpe económico sobre los hogares y a una cadena de decisiones políticas que han ido erosionando la confianza en su gobierno.

La principal promesa de Noboa fue la seguridad. Y es, justamente, donde muchos ecuatorianos sienten que el balance no alcanza. Tras declarar el conflicto armado interno y profundizar la militarización, el gobierno convirtió la lucha contra las bandas en el eje de su gestión. Sin embargo, Ecuador cerró 2025 con un aumento de 30% en los homicidios respecto del año anterior, según cifras oficiales citadas por Reuters. Amnistía Internacional, además, advirtió en 2024 que las políticas de seguridad del gobierno no se ajustaban a estándares de derechos humanos y cuestionó la opacidad de esas medidas. En la percepción pública, la ecuación se volvió incómoda: más control militar, pero sin una sensación clara de mayor seguridad.

Daniel Noboa se ubica en el puesto 15 de 18 presidentes de Latinoamérica 

A esa frustración se sumó el costo económico. Noboa impulsó el alza del IVA del 12% al 15% en medio de su ofensiva contra el crimen, y en septiembre de 2025 eliminó el subsidio al diésel, una medida que, según Reuters, buscaba redirigir recursos a programas sociales. En el plano fiscal, el gobierno lo presentó como un ajuste necesario. En la vida diaria, muchos ciudadanos lo sintieron como un encarecimiento más en un país ya golpeado por la inseguridad, el empleo precario y la incertidumbre. Cuando la gente paga más impuestos o combustible, pero no percibe mejoras equivalentes en seguridad o servicios, el malestar se vuelve político.

Ese desgaste quedó expuesto en las urnas. En noviembre de 2025, la propuesta para permitir nuevamente bases militares extranjeras en Ecuador fue rechazada por casi dos tercios de los votantes, según Reuters. La consulta también frenó la idea de reescribir la Constitución. No fue solo una derrota legislativa o jurídica: fue una señal de desconfianza. Reuters recogió entonces que parte del voto negativo estuvo atravesado por preocupaciones de soberanía, pero también por el enojo social acumulado tras la eliminación del subsidio al diésel y las protestas posteriores. Lo que debía reforzar la imagen de un presidente fuerte en seguridad terminó exhibiendo sus límites políticos.

También pesó el conflicto con los gobiernos locales. En febrero de 2026, la Asamblea aprobó la llamada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los GAD, impulsada por el Ejecutivo, que obliga a municipios y prefecturas a destinar 70% de su presupuesto a inversión y 30% a gasto corriente. El oficialismo la defendió como una manera de priorizar obras y servicios básicos; sus críticos la vieron como una intromisión del poder central en la autonomía local y anticiparon demandas de inconstitucionalidad. Cuando una reforma de este tipo se traduce en choques con alcaldes, prefectos y estructuras territoriales, el costo político deja de ser técnico y empieza a sentirse en la calle.

La salud pública completó el cuadro del descontento. En agosto de 2025, Primicias reportó que cinco ministros de Salud habían pasado por el cargo durante el gobierno de Noboa sin resolver la crisis hospitalaria y que el presupuesto del sector mostraba un recorte constante desde 2023. Meses después, el mismo medio informó que la falta de insumos básicos seguía golpeando a los centros de salud y agravando la crisis de atención; en marzo de 2026 añadió que el Ministerio de Salud necesitaba unos USD 687 millones para medicinas e insumos, pero el presupuesto previsto era de USD 300,4 millones. Para la ciudadanía, estas cifras no son abstractas: se traducen en espera, escasez y abandono.

A todo eso se añadió un estilo de gobierno que abrió frentes de alta polarización. En agosto de 2025, Noboa encabezó una marcha contra la suspensión temporal de partes de sus leyes de seguridad por parte de la Corte Constitucional; Reuters señaló que críticos y organismos internacionales vieron el episodio como una presión sobre la independencia judicial. Un año antes, la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México para detener a Jorge Glas provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país y una condena regional amplia. Son hechos distintos, pero ambos reforzaron una percepción de confrontación permanente, dentro y fuera de Ecuador.

El rechazo a Noboa, entonces, no parece venir de un solo frente. Se alimenta de una promesa central —la seguridad— que todavía no logra traducirse en alivio suficiente; de medidas económicas que golpearon el bolsillo; de conflictos con gobiernos locales; de una crisis sanitaria persistente; y de decisiones que han tensado la relación del Ejecutivo con otras instituciones y con parte de la región. La encuesta de CB Global Data no creó ese malestar. Lo fotografió.